El Congreso reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones tras una amplia mayoría
La reforma de la Ley Penitenciaria sale adelante con 323 votos favorables y refuerza la protección jurídica y laboral de un colectivo que denuncia una agresión cada 16 horas.
Funcionarios de prisiones en Bruselas.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 para reconocer legalmente la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una reivindicación histórica del colectivo que llevaba años reclamando un mayor respaldo legal frente al aumento de las agresiones en las cárceles españolas.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario, con 323 votos a favor y solo 21 en contra, fruto de un acuerdo entre PSOE y PP al que también se sumó el PNV. La reforma contó además con el apoyo de Junts y Vox, mientras que ERC, Bildu, Podemos y dos diputados de Sumar votaron en contra. Compromís optó por la abstención.
La nueva normativa incorpora importantes avances para los trabajadores penitenciarios. Entre ellos, el reconocimiento de la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, el derecho a recibir indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos durante el servicio, formación específica obligatoria de carácter teórico y práctico, así como mayores garantías de seguridad laboral.
Durante el debate parlamentario, numerosos grupos se dirigieron a los representantes sindicales presentes en la Cámara para subrayar el carácter histórico de la jornada y destacar que se daba respuesta a una demanda que había quedado pendiente durante varias legislaturas.
Desde Vox recordaron la figura de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones y presidente fundador del partido, secuestrado por ETA durante 532 días. La formación consideró que la reforma supone “un paso en la buena dirección”, aunque insistió en que todavía quedan medidas por adoptar para mejorar la seguridad de los trabajadores penitenciarios.
El cambio legislativo pretende reforzar la seguridad jurídica de un colectivo especialmente expuesto a situaciones de riesgo. Según los datos manejados durante la tramitación parlamentaria, los funcionarios de prisiones sufrieron 529 agresiones durante 2025, lo que equivale a un incidente violento cada 16 horas.
Tras su aprobación en el Congreso, el texto continuará ahora su tramitación en el Senado. Si no se introducen modificaciones, la ley quedará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor definitiva.