Municipios madrileños exigen al Gobierno 1.500 policías más ante el repunte de la criminalidad
La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, denuncia el repunte de delitos graves y reclama al Ejecutivo un fondo extraordinario de 15 millones de euros para paliar la presión sobre los servicios públicos locales.

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La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha reclamado al Gobierno de España la incorporación de 1.500 nuevos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para la Comunidad de Madrid, tras alertar del deterioro de los indicadores de seguridad registrados durante el primer trimestre de 2026. La dirigente municipal ha instado al Ejecutivo a destinar más recursos a la región y ha acusado al delegado del Gobierno a priorizar "la propaganda" frente al refuerzo de efectivos en las calles.
Según la FMM, los últimos datos del Ministerio de Interior reflejan un incremento del 2,3% de la criminalidad en la Comunidad de Madrid, con aumentos especialmente significativos en delitos de alta gravedad como los homicidios consumados que han crecido un 60%, los secuestros con un 50%, el tráfico de drogas en un 33,2% y las riñas tumultuarias con un 20,6%. Piquet sostiene que esta situación afecta especialmente a municipios de la periferia como Alcalá de Henares, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando de Henares y Collado Villalba donde, asegura, se concentran algunos de los mayores incrementos de la delincuencia.
Plan de refuerzo policial y financiación estatal
Aldeas de reclamar 1.500 nuevos agentes, la Federación de Municipios de Madrid propone un plan integral de refuerzo de la seguridad que incluye una mayor presencia de la Guardia Civil en municipios pequeños y medianos, un refuerzo especifico contra las bandas criminales y el narcotráfico, una mejor coordinación con las policías locales y la creación de un fondo estatal de apoyo a la seguridad municipal,
La organización cifra en 60 millones de euros anuales el coste del refuerzo policial, una cantidad que, asegura, representa menos del 1% del presupuesto estatal destinado a Seguridad Ciudadana. Para financiarlo se ha planteado reorganizar partidas del Estado, reducir gasto político y destinar parte de los fondos recuperados en operaciones contra el fraude económico. En este contexto, Piquet sostiene que "el problema no es económico, sino de prioridades políticas", al comparar el coste del plan con anteriores rescates empresariales.
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Un fondo para los municipios con mayor presión migratoria
La presidenta de la FMM también ha reclamado la creación de un fondo extraordinario de 15 millones de euros para los municipios madrileños que soportan una mayor presión sobre sus servicios públicos como consecuencia de los procesos de regularización migratoria impulsados por el Gobierno. Estos recursos servirían para reforzar áreas como los servicios sociales, la seguridad, la limpieza, la atención administrativa, la convivencia y la educación, y deberían financiarse íntegramente con recursos estatales y fondos europeos.
Piquet defiende que los ayuntamientos "no pueden pagar dos veces", asumiendo el impacto sobre los servicios públicos y financiando decisiones que corresponden al Gobierno de España, por lo que reclama al Ejecutivo central más recursos para afrontar tanto el refuerzo de la seguridad como la presión sobre los municipios.