La Audiencia Nacional, bajo presión tras el regreso a la judicatura de un acusado del caso Villarejo

El procedimiento del caso BBVA-Villarejo incorpora una nueva derivada institucional tras la reincorporación de Eduardo Ortega Martín a la carrera judicial. Ortega, que dirigió los Servicios Jurídicos Contenciosos del Banco y está procesado en la pieza en la que también figuran otros exdirectivos, ha sido destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Su nombramiento, publicado en el BOE, ha reactivado las reacciones de la acusación particular, que considera que esta situación no puede tratarse como un simple trámite administrativo mientras continúa pendiente la apertura de juicio oral.

La representación de Ausbanc y su presidente Luis Pineda han solicitado a la Audiencia Nacional que acelere la fase intermedia del procedimiento.

Su petición principal es clara: que se declare cuanto antes la apertura de juicio oral para que, una vez alcanzado ese punto procesal, se comunique la situación al CGPJ y se activen los mecanismos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para valorar la situación del magistrado en activo.

La acusación sostiene que la continuidad de Ortega en la carrera judicial mientras permanece imputado en una causa de esta magnitud genera un problema institucional de primera magnitud. Según el escrito de la acusación, una vez abierto el juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial debería analizar si procede la adopción de medidas sobre el magistrado, en aplicación de los artículos 383 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El debate no se limita al plano penal, sino que se traslada a la esfera institucional: si un juez en activo puede continuar ejerciendo mientras afronta un proceso en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que, en el caso de Ortega, alcanzan los 26 años de prisión.

En la misma pieza del caso Villarejo también se investigan presuntos encargos de espionaje atribuidos a la etapa de Francisco González en BBVA. La Fiscalía Anticorrupción reclama elevadas penas para distintos acusados, mientras que la acusación particular amplía sus propias solicitudes de responsabilidad económica.

Ortega aparece señalado por su papel en la estructura jurídica del banco durante el periodo investigado, cuando se habrían producido los hechos objeto del procedimiento. Desde la acusación, Pineda ha insistido en que el regreso de un imputado a la carrera judicial en plena causa abierta plantea un problema de legitimidad institucional. En su argumentación, la cuestión trasciende lo penal y afecta a la confianza en el sistema judicial.

La Audiencia Nacional, por su parte, deberá decidir si el procedimiento reúne ya las condiciones para avanzar hacia el juicio oral, paso clave para desbloquear las siguientes actuaciones procesales. Con los escritos de calificación ya presentados, la acusación considera que el caso está listo para pasar a la siguiente fase. La decisión del tribunal será determinante no solo para el desarrollo del procedimiento del caso Villarejo, sino también para el encaje institucional de un magistrado en activo imputado en la misma causa.

El resultado puede abrir un nuevo frente en uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles de los últimos años en España, en el que convergen espionaje corporativo, responsabilidades bancarias y ahora también el papel de la propia judicatura.