El Gobierno niega 800.000 euros para climatizar cuatro colegios públicos de Pinto

El Ayuntamiento de Pinto ha iniciado una batalla administrativa contra el Gobierno después de que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, rechazara conceder 788.100 euros en ayudas destinadas a mejorar la climatización y eficiencia energética de cuatro colegios públicos del municipio.

La decisión afecta a los centros Buenos Aires, El Prado, Europa y Las Artes, donde estaban previstas actuaciones para instalar placas solares y sistemas de aerotermia con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar las condiciones térmicas de las aulas. Pese a solicitar estas subvenciones estatales, el Consistorio estaba dispuesto a asumir la mayor parte de la inversión con fondos propios.

Los dos proyectos suman una inversión total de 2.226.400 euros. De esa cantidad, el Ayuntamiento aportaría directamente 1.438.300 euros, mientras que las ayudas solicitadas al IDAE ascendían a 788.100 euros. Es decir, el Gobierno únicamente debía financiar algo más de un tercio del coste total de las actuaciones previstas.

El motivo de la negativa no está relacionado con la viabilidad técnica de los proyectos ni con su impacto energético. Según la resolución recibida por Aserpinto, la empresa pública municipal encargada de gestionar la iniciativa, el Ayuntamiento no habría acreditado suficientemente que los beneficiarios de la actuación formen parte del colectivo de consumidores vulnerables exigido por la convocatoria.

Aserpinto ha presentado alegaciones contra esa interpretación. En su escrito sostiene que los cuatro colegios beneficiados atienden a más de 2.100 alumnos y que entre ellos se encuentran 175 estudiantes con necesidades educativas especiales. Además, defiende que los beneficiarios reales de la actuación son menores y familias que pueden encajar en los supuestos de vulnerabilidad contemplados por la legislación, como hogares con bajos ingresos, familias numerosas o unidades familiares con personas con discapacidad.

Para reforzar su posición, la empresa municipal cita la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño, la normativa educativa y diversa legislación sobre discapacidad. Con ello pretende demostrar que los menores constituyen un colectivo especialmente protegido y que la mejora de la climatización de los centros educativos cumple plenamente el objetivo social exigido por la convocatoria. Ahora será el IDAE quien deba pronunciarse sobre las alegaciones y decidir si mantiene o rectifica su decisión inicial.