Del "juicio político" a la "ignominia": el Gobierno embiste a la Justicia por el caso Begoña
Montero, Bolaños, Puente, López, Morant, Tolón, Alegría, Elma Saiz y Arcadi España reaccionan a la apertura de juicio oral denunciando persecución, ensañamiento, campañas de desgaste, ausencia de garantías y resoluciones dictadas para las portadas de los diarios, en una respuesta coordinada en la que cuestionan abiertamente la actuación del juez Peinado y de los tribunales que avalan su investigación
Montero y Bolaños, en una imagen de archivo
La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez ha provocado una reacción sin precedentes dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. En apenas un par de horas, ministros, portavoces y dirigentes socialistas han cerrado filas con la esposa del presidente y han respondido a la decisión judicial con una batería de acusaciones dirigidas no contra los hechos recogidos en el auto, sino contra el juez instructor y, en algunos casos, contra la propia actuación de la Justicia.
La intervención más contundente llegó de la ex vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero. La dirigente socialista calificó la resolución de Juan Carlos Peinado como una decisión "desmedida y desproporcionada", aseguró que se trata de algo "más propio de un juicio político que de un proceso justo" y afirmó que Begoña Gómez "no ha cometido ningún delito". Además, sostuvo que existe una estrategia destinada a "destruir a una mujer para hacer daño al Gobierno".
Antes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, había definido la jornada como un "día nefasto para quienes creen en la Justicia", mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, resumió el auto en una sola palabra: "ignominia". Puente llegó incluso a cuestionar a la Audiencia Provincial de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial por permitir que la causa haya llegado hasta este punto.
Por su parte, Óscar López denunció un supuesto "atropello sin precedentes", habló de "fijación", "ensañamiento" y "ausencia de garantías", y sostuvo que el procedimiento erosiona el Estado de derecho. Diana Morant afirmó que "la justicia no puede usarse como arma política" y denunció una "persecución injustificable", mientras que Milagros Tolón habló directamente de una "persecución injustificada".
La exministra Pilar Alegría fue un paso más allá al sugerir que la resolución judicial había sido dictada para coincidir con las portadas dominicales. Elma Saiz describió a Begoña Gómez como un "ejemplo de entereza y dignidad" frente a una "campaña de desgaste que parece no tener fin", mientras que Arcadi España aseguró que "todos saben lo que está pasando y por qué está pasando", añadiendo que el daño ya causado será imposible de reparar.
Todos a una
La sucesión de declaraciones dibuja una estrategia política perfectamente alineada. Ninguno de los miembros del Ejecutivo ha centrado su respuesta en los indicios descritos por el auto de 84 páginas firmado por Peinado. En cambio, las críticas se han dirigido hacia la legitimidad de la investigación, las motivaciones del instructor y el funcionamiento de los tribunales.
Todo ello ocurre después de que el magistrado acordara abrir juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, además de imponerle medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
La respuesta conjunta del Gobierno eleva así el enfrentamiento con el juez Peinado a un nuevo nivel. Ya no se trata únicamente de defender a la esposa del presidente, sino de cuestionar de forma abierta la actuación judicial que la ha situado a las puertas del banquillo. Por unos hechos que, curiosamente, no son cuestionados.