Empresario vinculado a Zapatero niega influencias en ayudas públicas y se niega a declarar en el Senado: "El que calla, no otorga"

Fajardo García defiende su “honorabilidad” y rechaza sociedades offshore mientras el PP le señala por el rescate de Plus Ultra y el PSOE denuncia un uso político de la comisión

El empresario del sector financiero, responsable de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV), administrador solidario de Ampajesu, Manuel Aarón Fajardo García.ISA SAIZ

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El empresario Manuel Aarón Fajardo García, vinculado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado este lunes haber influido en la concesión de ayudas públicas, haber participado en operaciones para ocultar fondos o haber constituido sociedades ‘offshore’ relacionadas con el cobro de honorarios procedentes de empresas beneficiarias.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha optado por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Defensa de su honorabilidad

Antes de guardar silencio, Fajardo García ha realizado una declaración para defender su “honorabilidad y buen nombre personal y profesional” y rechazar las informaciones que le vinculan con prácticas irregulares. “Nunca he ejecutado ni contribuido a la ejecución de conductas de influjo para el dictado de resoluciones administrativas”, ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que no ha percibido ingresos, ni personalmente ni a través de sociedades en las que haya participado, procedentes de compañías receptoras de ayudas públicas ni de consultoras vinculadas a estas. También ha negado haber participado en operaciones destinadas a ocultar fondos: “Tampoco he contribuido a vehicular corrientes monetarias ocultando el origen y destino de estos”. “Por favor, no me imputen delitos que no he cometido”, ha reclamado.

Tras esta intervención, ha comunicado formalmente a los senadores su negativa a responder preguntas, subrayando que su silencio no implica admisión alguna: “El que calla no otorga”. Ha justificado su decisión alegando que desconocía los hechos concretos sobre los que se le pretendía interrogar y que el objeto formal de su comparecencia se limitaba a la SEPI.

La comparecencia se produce casi una semana después de que Zapatero declarara como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

Choque político en la comisión

Pese al silencio del compareciente, el senador del PP Antonio Luengo ha continuado formulando preguntas, centradas en la relación de Fajardo García con Zapatero y sus actividades empresariales en Venezuela. Los ‘populares’ han aludido a informaciones según las cuales el expresidente lo habría presentado ante autoridades venezolanas como su sobrino, una circunstancia que, a su juicio, pudo facilitar sus negocios en el país.

El PP también ha señalado a Fajardo García como una figura “relevante” en el entorno del rescate de Plus Ultra, llegando a definirlo como “parte central de la estructura de la aerolínea y la red de influencia” vinculada a la operación. Además, han cuestionado actividades financieras relacionadas con la sociedad Interbank Exchange, en particular la compraventa de divisas, y la rapidez con la que habría obtenido autorizaciones en Venezuela. “¿Cómo logró esto un joven extranjero recién llegado al país?”, ha preguntado Luengo, sin obtener respuesta.

Por su parte, el PSOE ha cargado duramente contra el desarrollo de la comisión y ha acusado al PP de utilizarla con fines políticos. Los socialistas han denunciado que se está “jugando con la honorabilidad y el tiempo” de los comparecientes y han advertido de que se están “pisoteando los derechos fundamentales” al formular preguntas que, a su juicio, exceden los límites y vulneran el decoro parlamentario.

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En esta línea, la senadora socialista Sánchez Roca ha afirmado que las comisiones de investigación del Senado se han convertido en “el ‘photocall’ de los señalados por el PP”, denunciando una “desvirtuación” de su función. También ha criticado que el foco se esté desviando del objeto central de la investigación, señalando que, si se analizara el contenido de las comparecencias, la referencia a la SEPI sería “la menos utilizada”.