Tubos Reunidos: la línea que une la SEPI, PSOE y el PNV en la trama de Leire Díez

La historia empieza con una empresa estratégica, un rescate público de 112,8 millones de euros y un expediente administrativo que dependía de la SEPI. Pero, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporados al sumario, alrededor de Tubos Reunidos se habría articulado algo mucho más profundo que una simple asesoría empresarial: una red de intermediación política, con ramificaciones en la SEPI, en Ferraz y en el entorno del PNV.

El caso debe interpretarse en esta fase con todas las cautelas jurídicas. Los atestados de la UCO son informes policiales construidos sobre indicios y sometidos a la valoración del juez. Pero la secuencia documental que obra en la causa dibuja una estructura inquietante: Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; Leire Díez, la cloaca del PSOE; y Joseba Antxón Alonso, empresario con conexiones en el País Vasco, habrían conformado un grupo autodenominado HIRUROK —“nosotros tres”— para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros.

Los autos lo resumen con crudeza. El objetivo de HIRUROK habría sido, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, orientar expedientes seguidos en la Administración “en beneficio propio o de terceros” y con “finalidad lucrativa”. La clave no está solo en el dinero, sino en el método empleado: influencia política, información reservada, sociedades interpuestas y puertas abiertas en organismos públicos.

Vicente Fernández: la puerta de la SEPI

Vicente Fernández ocupó la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Según la tesis indiciaria de la UCO, tras abandonar formalmente el cargo habría conservado una capacidad de influencia relevante sobre la entidad pública. El Atestado 80/2026 sostiene que Fernández habría seguido actuando como “presidente de facto” de la SEPI, accediendo a información reservada del expediente y orientando la tramitación a favor de Tubos Reunidos.

Esa es la primera pata de la trama, la administrativa. Tubos Reunidos solicitó apoyo público temporal al FASEE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. El expediente culminó el 13 de julio de 2021 con la aprobación de un rescate de 112,8 millones de euros mediante un préstamo participativo.

Pero antes de esa aprobación hubo bloqueos, dudas y gestiones. La UCO sitúa a Vicente Fernández como interlocutor privilegiado de la empresa y receptor de información interna. El 3 de julio de 2021, según el resumen del atestado, Miguel Ángel Figueroa, directivo de SEPI, le habría remitido ocho archivos del expediente, varios catalogados como CONFIDENCIAL, entre ellos informes de la Secretaría General de Industria y actas de órganos de administración de Tubos Reunidos y filiales.

La pregunta de fondo es evidente: ¿cómo pudo un expresidente de la SEPI, ya fuera formalmente de la entidad, tener acceso a documentación reservada de un expediente de rescate público de más de cien millones de euros?

El canal PNV: “un call con PNV y GV”

Cuando la vía SEPI no bastaba, aparece la segunda pata: la vía vasca. El informe 80/2026 atribuye a Antxón Alonso el papel de aportar contactos con el PNV. La cronología resulta especialmente relevante.

El 16 de junio de 2021, cuando el rescate todavía estaba pendiente, Vicente pregunta a Antxón si el PNV tenía relación con Tubos Reunidos. La frase es significativa: si no había “una ayuda por arriba del todo”, la operación era difícil. El 7 de julio, Francisco Irazusta, entonces presidente de Tubos Reunidos, informa a Vicente de que tenía “un call con PNV y GV” para desbloquear la situación.

Seis días después, el 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del FASEE aprueba el rescate de 112,8 millones. Según la documentación que hemos conocido, Vicente comunica a Irazusta la aprobación antes de que sea oficial y, en el grupo HIRUROK, agradece a Antxón su “contacto de intermediación con el PNV” con una frase reveladora: “seguro que en algo hemos influido”.

Esa cita es una de las más importantes del caso. No demuestra por sí sola que el PNV decidiera el rescate, ni identifica al miembro concreto del partido que habría intervenido. Pero sí acredita, siempre según el sumario, que los propios investigados vincularon la aprobación del rescate con una intermediación política ante el PNV.

La UCO no presenta al PNV como un actor secundario. Lo sitúa como uno de los canales de desbloqueo. La arquitectura que dibuja el atestado es meridianamente clara: Vicente aportaba la vía SEPI; Antxón, la vía PNV; y Leire, la vía política ligada al PSOE.

El “agradecimiento” y los pagos a Mediaciones Martínez

Tras la aprobación del rescate, llega la retribución. Entre el 18 y el 28 de julio de 2021, documentos internos de HIRUROK reflejan que Vicente negocia con Irazusta un “agradecimiento” mediante contratación recurrente. En esos documentos se menciona expresamente que la operación de 112,8 millones “se aprobaron y es posible que fuera por nuestra intermediación”.

El 1 de diciembre de 2021 se formaliza un contrato de prestación de servicios entre Tubos Reunidos y Mediaciones Martínez, una sociedad vinculada al entorno de Antxón Alonso, por 60.000 euros anuales, a razón de 5.000 euros mensuales. El objeto formal era asesoramiento y desarrollo de negocio. La tesis de la UCO es que ese contrato encubriría el pago por las gestiones realizadas en torno al rescate.

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2023, Mediaciones Martínez percibió 114.959 euros de Tubos Reunidos. El Ainforme 188/2025 ya había resumido la misma operativa: HIRUROK habría realizado acciones tendentes al otorgamiento de la ayuda y habría percibido por ello 114.950 euros mediante facturación “aparentemente mendaz” emitida por Mediaciones Martínez.

La palabra relevante es “intermediación”. La pregunta es qué se estaba pagando realmente. La apariencia era una consultoría. La hipótesis policial es que se estaba retribuyendo la capacidad de influencia.

Santos Cerdán y el plano superior de la trama

La tercera pata es Ferraz. El Auto de 26 de mayo de 2026 atribuye a Santos Cerdán un papel cualitativamente superior dentro de la estructura. El documento señala que, de la actividad indagatoria sobre el material incautado, se habría puesto de manifiesto de manera indiciaria la participación de Cerdán en la actividad criminal, actuando junto al resto de integrantes de HIRUROK y “participando de sus beneficios”, pero además “en un plano de jerarquía superior”.

El auto va más allá. Afirma que estos elementos vincularían a Santos con decisiones de carácter estratégico, como la ubicación de investigados en puestos relevantes de la Administración o la presentación e inicio de un proyecto común entre ellos.

La conexión con la SEPI aparece ya en 2021. El propio auto recoge que, tras el nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la SEPI, el grupo intentó que Leire Díez fuera nombrada jefa de su gabinete para “recuperar el control de SEPI”. La frase que recoge el documento es difícilmente más explícita: “Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe”.

Ese intento no prosperó. Leire no entró en la SEPI y acabó en Correos. Pero el dato es relevante porque muestra que la trama no se limitaba a gestiones empresariales sueltas. Aspiraba, según el sumario, a colocar personas propias en posiciones de control dentro de estructuras públicas estratégicas.

De la SEPI a Ferraz: la segunda operación de Tubos Reunidos

La segunda fase del caso Tubos Reunidos se produce entre 2024 y 2025 y ya no gira en torno a la concesión inicial del rescate, sino a las condiciones posteriores del préstamo y a la liquidez derivada de la venta de la planta de Sestao.

El 23 de julio de 2024, Tubos Reunidos vende la planta de Sestao a Gescrap por unos 15,2 millones de euros netos. Por las condiciones de financiación del FASEE, casi 9,9 millones debían quedar depositados en una cuenta de amortización y seguros, indisponibles para la empresa. Tubos Reunidos quería disponer de esa liquidez y necesitaba una dispensa de la SEPI.

Según el Informe 80/2026, tras una negativa inicial de la SEPI vuelven a intervenir Vicente y Leire. Esta vez, el papel de Leire es preeminente. Contacta con el vicelehendakari Mikel Torres y con Santos Cerdán. El 1 de noviembre de 2024 anuncia a Vicente que hablará del asunto con Santos.

El 13 de noviembre se celebra una reunión clave en la sede del PSOE en Ferraz, en el despacho de Santos Cerdán. Asisten Vicente Fernández, Leire Díez, Carlos López de las Heras, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y el propio Santos Cerdán. Tras esa reunión, De las Heras pregunta a Leire por los “próximos pasos” y ella se compromete a informar cuando conozca “los movimientos de Santos”.

Seis días después, el 19 de noviembre, Urrutia comunica a Vicente que enviará a Leire un borrador del escrito a SEPI para disponer del “dinero de Sestao”, precisando que “SC” —presuntamente Santos Cerdán— lo requería como complemento de “las gestiones”.

Es demoledor: reunión en Ferraz, petición de un escrito a SEPI, referencia a “las gestiones” de “SC” y posterior tramitación de la solicitud.

El PNV vuelve a aparecer

La historia no termina en Ferraz. El 28 de enero de 2025 se celebra una reunión entre Tubos Reunidos y el PNV. Por parte de Tubos Reunidos participan Carlos López de las Heras y Vicente Fernández. Por parte del PNV, Andoni Ortúzar y Joseba Aurrekoetxea. La reunión, fue gestionada por Vicente a través de Elena Sánchez Álvarez.

La operación Sestao, por tanto, reproduce el patrón de 2021: una necesidad administrativa de Tubos Reunidos ante la SEPI, intermediarios que se mueven entre la empresa y la Administración, activación del canal PSOE a través de Santos Cerdán y activación del canal PNV mediante contactos orgánicos de la formación nacionalista.

El 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos presenta una nueva solicitud de dispensa y aplazamiento. Esta vez sí consta en el expediente. El 28 de marzo, el Comité de Negocio del FASEE formula propuesta favorable y Mateos-Aparicio autoriza la dispensa por delegación de firma de Belén Gualda.

El pago llega poco después. Vicente emite una factura por 40.000 euros —42.400 con IVA y retenciones deducidas— y la cobra el 30 de abril de 2025. El propio informe vincula ese contrato con la operación Sestao.

La cloaca como método

La palabra “cloaca” se ha utilizado muchas veces en la política española como arma arrojadiza. Pero aquí hablamos de la podredumbre institucional: estructuras informales, mensajería cifrada, sociedades interpuestas, acceso a información reservada, reuniones fuera de los cauces ordinarios y pagos bajo apariencia de contratos de asesoramiento.

El Auto de 26 de mayo sitúa a Leire Díez y Santos Cerdán no solo en una relación previa, sino dentro de un grupo organizado que, según el propio documento, tenía por finalidad la comisión de hechos delictivos basados en su capacidad para orientar procedimientos administrativos y obtener rédito económico. En paralelo, el mismo auto describe otra vertiente de la actuación: la dirigida a interferir en procedimientos judiciales o policiales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno.

Ahí aparece el verdadero punto de conexión. La trama no sería solo económica ni solo política. Sería una estructura de poder paralela: útil para intentar desbloquear expedientes administrativos, útil para mover contactos partidistas, útil para proteger intereses del Gobierno y útil para atacar investigaciones incómodas.

Tubos Reunidos es una pieza especialmente relevante porque permite ver funcionando las tres capas a la vez. La capa empresarial: una compañía que recibe 112,8 millones de euros del FASEE. La capa administrativa: la SEPI y sus directivos, con documentación reservada y decisiones sobre rescates, intereses y liquidez. Y la capa política: Santos Cerdán, Ferraz, el PNV y el Gobierno Vasco apareciendo en momentos decisivos de la cronología.

El escándalo no se mide solo en los 114.959 euros percibidos por Mediaciones Martínez ni en los 40.000 euros facturados después por Vicente Fernández. Esos importes son importantes, pero el verdadero daño es institucional.

Si los indicios de la UCO se confirman, estaríamos ante una degradación profunda de lo público y de la democracia. El Estado no habría funcionado como árbitro neutral, sino como territorio abonado para quienes sabían llamar a la puerta adecuada. Y esa puerta, según el sumario, tenía varias cerraduras: la SEPI, Ferraz y el PNV.

El caso Tubos Reunidos muestra que las cloacas no siempre operan contra el poder. A veces operan desde dentro del poder.