El juez Calama ordena investigar la filtración de los mensajes privados de Zapatero
El juez del ‘caso Plus Ultra’ pide aclarar el origen de la difusión, su posible carácter delictivo e identificar a los responsables

El secretario general del PSOE de 2000 a 2012 y presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011, José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado ‘caso Plus Ultra’, ha acordado que se investigue la filtración de los mensajes intercambiados entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
En un auto, el magistrado ordena averiguar el origen de la difusión de esas conversaciones, determinar si los hechos pueden tener carácter delictivo e identificar a las personas que pudieran estar detrás de las filtraciones.
Calama ha decidido deducir testimonio y remitirlo a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue lo sucedido. El juez considera que los hechos revisten especial gravedad y que podrían encajar en delitos relacionados con la revelación de actuaciones declaradas reservadas.
La decisión se produce después de que se difundiera el contenido de los anexos incluidos en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. En esa documentación aparecían los mensajes mantenidos por Zapatero con Alcázar durante el periodo analizado por los investigadores.
El informe policial se centra en las presuntas gestiones realizadas por el expresidente socialista ante el Gobierno de Bolivia para favorecer supuestamente los intereses de una empresa peruana. La documentación incorporada al procedimiento incluía una carpeta con distintos archivos y conversaciones privadas.
Calama advierte en su resolución de que las filtraciones en esta causa han sido “constantes e inmediatas” y señala que alcanzaron su máxima expresión con la difusión íntegra de los anexos del informe policial.
El magistrado destaca que parte de la información publicada contenía datos incompatibles con una difusión indiscriminada. A su juicio, esta actuación supone una vulneración del deber de reserva que afecta a las diligencias judiciales y podría dar lugar a responsabilidades penales, disciplinarias o profesionales.
Además, el juez ha acordado crear una pieza separada de “información sensible”. En ella se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados dentro del procedimiento.
El acceso a ese material quedará restringido exclusivamente al juzgado y al Ministerio Fiscal, con el objetivo de reforzar la protección de la documentación y evitar nuevas filtraciones durante el desarrollo de la investigación.