Iustitia Europa y Hazte Oír reivindican la acusación popular: "Nos une el amor a España" y revelan que invitaron a Bolaños a la conferencia

Iustitia Europa y Hazte Oír han reivindicado la acusación popular como una herramienta fundamental de la sociedad civil durante la conferencia «La acusación popular en defensa de la libertad», celebrada en el Hotel Meliá Madrid Princesa.

En el acto participaron Javier Pérez-Roldán, Nouna Lozano, Rubén Gutiérrez y Luis María Pardo, representantes de Iustitia Europa, quienes defendieron que esta figura permite a los ciudadanos intervenir en los procedimientos judiciales y ejercer un control frente a posibles casos de corrupción.

Los organizadores agradecieron el apoyo recibido por las acusaciones populares, a las que definieron como «una trinchera que pertenece a cada uno de los españoles» y como un derecho que nadie puede retirar a la ciudadanía.

Durante la conferencia recordaron que ambas organizaciones decidieron unir fuerzas ante la reforma promovida por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, conocida por sus detractores como la «ley Begoña», con la que, según sostuvieron, se pretendía restringir el ejercicio de la acusación popular.

Después de más de un año de actuación conjunta, los participantes aseguraron que cualquier respaldo resulta decisivo, ya que las organizaciones continúan encontrándose con problemas, obstáculos y acusaciones destinadas, a su juicio, a estigmatizar a quienes forman parte de las acusaciones populares.

Los intervinientes recordaron que la acusación popular es un derecho reconocido en la Constitución española y destacaron que no existe una figura equivalente en el entorno de la Unión Europea que permita a un ciudadano ejercer una acusación penal en las mismas condiciones que en España.

En este sentido, criticaron que Bolaños defendiera la reforma alegando que buscaba homologar el modelo español con el de otros países europeos. «No se puede homogeneizar lo que no existe», señalaron durante el acto.

Los representantes de las organizaciones aseguraron que su actuación responde al cumplimiento de un deber y defendieron que, sin la acusación popular, determinadas investigaciones judiciales no habrían avanzado.

Como ejemplo, mencionaron el procedimiento abierto contra Begoña Gómez y afirmaron que, sin la intervención de las acusaciones populares, la esposa del presidente del Gobierno no se encontraría ante la posibilidad de ser juzgada por un jurado popular.

También rechazaron que el PSOE pueda imponerles límites en su actividad. «Jamás el PSOE será nada ni nadie para marcarnos una línea roja, le pese a quien le pese, y lo haremos siempre con una sonrisa», afirmaron.

Rubén Gutiérrez, representante de Iustitia Europa, se refirió a la causa judicial por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz y criticó la actuación de la Fiscalía.

Según sostuvo, el Ministerio Público debería haber respaldado el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero, en lugar de hacerlo, actuó contra el resultado de la investigación.

Gutiérrez afirmó que, sin la participación de las acusaciones populares, el procedimiento no habría llegado a juicio. «Si no hubiese estado la acusación popular, no habría habido juicio», aseguró.

Durante la intervención se defendió que la presencia de estas organizaciones permitió sostener la acusación y que la causa continuara adelante pese a la posición contraria de la Fiscalía.

Pérez-Roldán defiende la acusación popular como un deber

Javier Pérez-Roldán sostuvo que la acusación popular no debe entenderse únicamente como un derecho, sino también como un deber dirigido al bien común.

El representante de Hazte Oír recordó que esta figura ya aparecía recogida en la Constitución de Cádiz y la relacionó con una concepción de la vida en la que el ejercicio de la libertad debe orientarse hacia el bien común.

Según explicó, el ser humano dispone de libertad, pero debe utilizarla de manera responsable. También defendió que el ejercicio de esa libertad es indelegable y no puede quedar sometido a los intereses de los partidos políticos.

Pérez-Roldán afirmó que el PSOE no podrá marcar líneas rojas a las acusaciones populares, pero advirtió de que tampoco aceptarán restricciones procedentes del PP o de Vox en el caso de que estas formaciones lleguen al Gobierno.

Durante su intervención destacó dos elementos que considera esenciales en esta lucha: la prensa libre y la abogacía.

Sobre los medios de comunicación, sostuvo que desempeñan una labor fundamental porque su trabajo de información debe estar al servicio del bien común y permite que la sociedad conozca los asuntos de interés público.

En relación con los abogados, lamentó que con frecuencia sean los grandes olvidados de estos procedimientos y recordó que deben actuar como cooperadores de la Justicia.

Pérez-Roldán señaló que la labor de la acusación popular es importante, pero también lo son la Fiscalía y el resto de las partes que intervienen en un procedimiento judicial.

«El abogado es servidor de la verdad», afirmó, antes de recordar una reflexión atribuida al papa Pío XII según la cual el abogado debe servir a la verdad y no «dar vueltas a la verdad».

El representante de Iustitia Europa añadió que un abogado no puede amparar la mentira, falsear pruebas ni formular acusaciones falsas. En este sentido, defendió que las acusaciones populares presentes en los procedimientos han actuado con rigor y honestidad personal.

Pérez-Roldán calificó el ejercicio de la acusación popular como un acto de patriotismo y manifestó su oposición a que los partidos políticos participen como acusaciones populares, porque, a su juicio, pueden entrar en contradicción con la finalidad de esta figura.

No obstante, aclaró que esta posición no significa que exista una mala relación con los abogados que representan al PP o a Vox en algunas de las causas judiciales.

Pardo denuncia fianzas y obstáculos a la sociedad civil

Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, definió la acusación popular como una figura que forma parte de la sociedad civil y, por tanto, pertenece al conjunto de los ciudadanos.

Pardo denunció que las organizaciones se enfrentan a fianzas judiciales que, según afirmó, buscan coartar su intervención en los procedimientos. También criticó que sean unificadas procesalmente con partidos políticos a los que acusó de estar afectados por casos de corrupción.

Durante su intervención reveló que, apenas unos minutos antes del acto, había recibido la notificación de un auto por el que su organización no podría acceder a determinadas comunicaciones de una causa judicial al considerar que sus miembros podían estar detrás de filtraciones.

Pardo rechazó esta acusación y cuestionó por qué las sospechas recaen habitualmente sobre las acusaciones populares y no sobre las defensas de los investigados.

«Siempre se nos acusa a nosotros porque la sociedad civil molesta», afirmó.

También volvió a cargar contra la reforma impulsada por Bolaños, a la que atribuyó la intención de reducir o eliminar la presencia de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales.

El representante de Iustitia Europa criticó además el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, al que definió como «el cordón umbilical de los partidos políticos», y sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil resultan incómodas para quienes controlan las instituciones.

Pardo aseguró que durante meses una unidad de la Guardia Civil recibió presiones para que no investigara hechos relacionados con el entorno del presidente del Gobierno y afirmó que esta situación se produjo durante la investigación desarrollada en Badajoz.

Las organizaciones también denunciaron que las críticas dirigidas contra la acusación popular alcanzan a los medios de comunicación que investigan procedimientos judiciales y publican informaciones sobre corrupción.

Pardo aseguró que estas organizaciones y los medios son calificados habitualmente como «ultraderecha» y reciben todo tipo de ataques, porque, según sostuvo, son quienes están impulsando las investigaciones.

El representante de Iustitia Europa definió la actuación de las acusaciones populares como una obligación moral y como un ejercicio de lealtad hacia la sociedad.

Durante su intervención lamentó que algunos políticos estén afectados por casos de corrupción y aseguró que la sociedad ha perdido valores fundamentales.

También denunció que sus miembros reciben críticas diarias en la red social X, algunas procedentes, según señaló, de cuentas falsas o de perfiles que evitan identificarse directamente.

Defensa del derecho de los medios a informar

Pardo defendió que el derecho a la información debe prevalecer y recordó que los medios de comunicación tienen derecho a publicar hechos de interés público, del mismo modo que la sociedad tiene derecho a recibir esa información.

El representante de Iustitia Europa sostuvo que existe una «gran hipocresía» en torno a determinadas informaciones y puso como ejemplo los actos relacionados con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según afirmó, se intenta impedir que algunas actuaciones de Zapatero sean conocidas públicamente, motivo por el que, a su juicio, existe interés en limitar tanto la acusación popular como la capacidad de los medios de comunicación para informar.

Pardo preguntó quién ha luchado contra la corrupción durante los últimos años y respondió que han sido las acusaciones populares las que han impulsado muchos de estos procedimientos.

Sin embargo, advirtió de que no todos los ciudadanos pueden asumir los gastos económicos que supone personarse en una causa judicial.

Recordó que las acusaciones populares no cobran las costas cuando obtienen resoluciones favorables y que, por el contrario, en algunas ocasiones pueden ser condenadas a pagarlas.

«Si la sociedad civil no está presente, no somos nadie», afirmó.

Por este motivo, reclamó que sea la propia sociedad la que impulse un cambio real en España y pidió la aprobación de una ley que proteja expresamente la figura de la acusación popular.

Las siete acusaciones del juicio de Badajoz

Pardo recordó que siete acusaciones populares estuvieron presentes durante el juicio celebrado en Badajoz por la contratación de David Sánchez.

Según explicó, estas organizaciones no actuaron de forma coordinada entre ellas, pero compartían un mismo sentimiento y un mismo objetivo: "la defensa de España y la lucha contra la corrupción".

El representante de Iustitia Europa sostuvo que, sin la actuación de las acusaciones populares, ni Begoña Gómez ni David Sánchez se habrían sentado ante un tribunal.

Durante el acto, los participantes pidieron el apoyo de los ciudadanos a través de las redes sociales y también en sus entornos familiares y vecinales.

«Nos une a todos el amor a España», afirmó Pardo al final de su intervención.

Nouna revela que Bolaños fue invitado a la conferencia

Nouna Lozano de Hazte Oír también tomó la palabra durante la conferencia y explicó que los organizadores habían enviado una invitación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que asistiera al acto y expusiera públicamente su postura sobre la acusación popular.

Según señaló, el ministro no aceptó la invitación ni acudió al encuentro. «Le enviamos una invitación al ministro Bolaños, pero es propio de los cobardes no dar la cara», afirmó Nouna durante su intervención.