El juez Pedraz protegió a la UCO de sus propios jefes al investigar las cloacas

La imagen resulta difícilmente más inquietante: una peste que lo inunda todo. Por eso son las cloacas del Estado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a los agentes de la UCO que investigaban el caso Leire que no informaran de sus avances a la cadena de mando de la Guardia Civil. La razón cobra ahora toda su dimensión: la investigación ha terminado alcanzando a los máximos responsables del Instituto Armado.

La orden fue dictada antes de que la Unidad Central Operativa irrumpiera, el pasado 27 de mayo, en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar documentación sobre los expedientes internos abiertos contra mandos del Cuerpo. Pedraz exigió que los investigadores mantuvieran la máxima cautela y reportaran únicamente al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción.

La información, desvelada este sábado por Vozpópuli, muestra hasta qué punto el juez quiso blindar unas pesquisas especialmente sensibles. La UCO debía mantener "la debida y rigurosa cautela" sobre la evolución de las investigaciones encomendadas y sobre la información obtenida durante las mismas, evitando así que los avances recorrieran la cadena jerárquica habitual.

Ahora encajan las piezas

La precaución judicial adquiere una relevancia todavía mayor después de los últimos acontecimientos. Pedraz ha citado como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán comparecer el próximo 16 de julio.

La investigación trata de esclarecer las supuestas maniobras desarrolladas alrededor de Leire Díez y las actuaciones internas dirigidas contra agentes y mandos de la UCO. Uno de los testimonios incorporados a la causa sostiene que Llamas recomendó "ponerse de perfil" y no ser "proactivos" en investigaciones con afectación política, aunque el mando que relató esas palabras aseguró no haberse sentido presionado.

El resultado dibuja una situación institucional insólita: la unidad encargada de investigar algunas de las causas de corrupción más sensibles tuvo que trabajar bajo una orden judicial de especial reserva mientras las pesquisas avanzaban hacia la propia cúpula del Cuerpo. Los agentes llegaron por sorpresa a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar expedientes y tomar declaración a mandos relacionados con las actuaciones investigadas.

El episodio se produce además mientras el Gobierno insiste en mantener su confianza en González y Llamas. El Ministerio de Defensa ha descartado por ahora suspender al DAO, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para adoptar medidas disciplinarias, aunque deja abierta la posibilidad de actuar dependiendo de la evolución de la causa judicial. Justo al revés de lo recomendable: apartarlo de su cargo provisionalmente hasta que haya un sentencia.

La desconfianza sobre las cadenas de información se ha convertido en uno de los elementos más delicados de las investigaciones que afectan al entorno socialista. En el caso Plus Ultra también han aparecido sospechas sobre posibles filtraciones, aunque en este procedimiento el juez José Luis Calama mantiene actualmente abierta una investigación específica para determinar el origen de la difusión de documentación reservada.

La sucesión de episodios deja una estampa demoledora para las instituciones: investigadores que trabajan con cautelas extraordinarias, altos cargos policiales bajo investigación judicial y unidades especializadas obligadas a desenvolverse entre sospechas de presiones y posibles fugas de información. Las responsabilidades penales tendrán que decidirlas los tribunales. El deterioro de la confianza institucional, mientras tanto, ha quedado expuesto a los ojos de todo el país.