Hazte Oír pone a Begoña Gómez en el origen del posible favor a Barrabés y pide que declare como testigo

La acusación popular del caso Begoña Gómez, encabezada por Hazte Oír, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite como testigo a la esposa del presidente del Gobierno para aclarar si intervino de alguna manera en la adjudicación de un contrato de Red.es valorado en algo más de cuatro millones de euros a una unión temporal de empresas vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés.

En su escrito, las acusaciones no solicitan que Gómez declare como investigada en esta pieza separada, sino exclusivamente como testigo. La misma condición reclaman para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. En cambio, piden que otras 17 personas sean llamadas como investigadas por su posible participación en la valoración y tramitación del expediente.

La petición ha sido presentada por la acusación popular unificada, integrada, además de Hazte Oír, por Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política de España, la Universidad Complutense de Madrid y el particular Marco Antonio Caballero.

La pieza se centra en el expediente 044/20-ED de Red.es, correspondiente a un contrato de aproximadamente 4.053.500 euros adjudicado a una UTE de la que formaban parte empresas relacionadas con Barrabés. El objetivo de la investigación es determinar si el concurso respetó la normativa de contratación pública o si se alteraron las valoraciones para favorecer a la oferta finalmente ganadora.

La acusación sostiene que la ausencia de una carta de recomendación firmada por Begoña Gómez, como sí ocurrió en otros concursos relacionados con Barrabés, no permite descartar por sí sola una posible intervención. Sus abogados consideran necesario averiguar si el supuesto favorecimiento pudo comenzar mediante una indicación, una conversación o una instrucción verbal que no haya quedado reflejada formalmente en el expediente.

Hazte Oír busca el origen del supuesto trato de favor

Las acusaciones señalan que los indicios recopilados apuntarían a una actuación deliberada de algunos técnicos de Red.es para asegurar la adjudicación a la UTE vinculada a Barrabés. Según el escrito, se habría disimulado una deficiencia material de la oferta y construido posteriormente una valoración que justificara las puntuaciones otorgadas.

La UCO concluyó en uno de sus informes que la evaluación de los licitadores no se habría realizado de manera uniforme y habló de una «decisiva arbitrariedad» en el desarrollo de las licitaciones. Los agentes observaron que, en lugar de analizar primero las ofertas y asignar después las notas, se habrían fijado determinadas puntuaciones para adaptar posteriormente a ellas los informes técnicos.

Entre los correos analizados figura un comentario interno atribuido al técnico Pablo Osuna García, fechado el 30 de diciembre de 2020, en el que proponía no incluir en el informe publicado que la oferta vinculada a Barrabés no había presentado un «libro blanco como tal», para evitar que los demás licitadores conocieran esa circunstancia.

Para Hazte Oír, esa ocultación habría impedido que las empresas competidoras pudieran recurrir eficazmente la valoración. La acusación argumenta que la falta de impugnaciones no demuestra que el procedimiento fuera correcto, sino que podría ser precisamente la consecuencia de haber escondido el dato que habría permitido cuestionar la adjudicación.

Los investigadores también localizaron conversaciones en las que se planteaba reducir las puntuaciones de otras ofertas. En uno de los mensajes incorporados al informe se afirma que Barrabés debía ser considerado la mejor opción y que las demás propuestas tenían que bajar su puntuación. La UCO considera que la UTE The Valley-Barrabés fue la principal beneficiada por esa forma de actuar.

Técnicos y responsables de Red.es, bajo la lupa

Además de las testificales de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, la acusación reclama investigar a los técnicos que participaron en la evaluación del concurso y a responsables de Red.es que intervinieron en el proceso.

Entre ellos aparece Luis Prieto Cuerdo, quien habría participado en los informes de valoración de este contrato y también en los correspondientes a otras adjudicaciones concedidas a Barrabés. Hazte Oír pretende esclarecer si de este responsable partió alguna instrucción para perjudicar a las ofertas competidoras o beneficiar a la UTE adjudicataria.

La acusación sostiene que las supuestas irregularidades no deben analizarse como decisiones aisladas de varios evaluadores, sino como una actuación coordinada destinada a orientar el resultado del concurso. Por ese motivo, reclama que la investigación no quede limitada únicamente a Barrabés y que se determine quién impulsó inicialmente el presunto trato de favor.

El expediente llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid después de que la Fiscalía Europea dejara sin efecto su anterior decisión de asumir la investigación y trasladara al órgano de Peinado un atestado de la UCO elaborado a partir de comunicaciones electrónicas de trece personas vinculadas a Red.es.

La situación de este contrato es diferente a la de otras dos adjudicaciones a empresas de Barrabés, que superaban conjuntamente los diez millones de euros y en las que sí aparecían declaraciones de interés firmadas por Begoña Gómez. La Fiscalía Europea investigó esas licitaciones por estar financiadas con fondos comunitarios.

En relación con el contrato de 4,05 millones, Red.es ha negado cualquier intervención de Gómez y sostiene que no existió ninguna carta de recomendación suya. La entidad pública también ha rechazado que hubiera arbitrariedad, asegura que el «libro blanco» debía entregarse durante la ejecución y no en la fase inicial de la licitación, y mantiene que este expediente no fue financiado con fondos de la Unión Europea.