El Supremo pasa la factura a García Ortiz: 39.000 euros por su condena en el caso de la pareja de Ayuso
La Sala de lo Penal rechaza los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y subraya la «singular gravedad institucional» de los hechos.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a una nueva rebaja de las costas procesales impuestas al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha confirmado que deberá abonar 39.009,48 euros por el procedimiento en el que fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de García Ortiz. Ambas partes cuestionaban la cantidad fijada y reclamaban una reducción adicional, pero el alto tribunal considera que la cifra ya fue suficientemente moderada.
Los magistrados rechazan además el argumento de la Abogacía del Estado sobre la supuesta escasa complejidad del proceso. El Supremo sostiene que la dificultad del procedimiento estuvo marcada tanto por la naturaleza de los hechos como por la intensa actividad procesal desarrollada durante la investigación y el juicio.
La resolución destaca que la causa abordaba unos hechos de «singular gravedad institucional», al tratarse de la revelación de información reservada por quien ocupaba la máxima representación del Ministerio Fiscal.
El tribunal pone el foco en el deber de reserva exigible a una institución como la Fiscalía y recalca la relevancia de que la conducta juzgada afectara precisamente a su máximo responsable.
Desde el punto de vista procesal, la Sala recuerda que en la causa estuvieron personadas numerosas partes y que el procedimiento comenzó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de pasar al Tribunal Supremo por la condición de aforado de García Ortiz.
A ello se sumaron la apertura de quince piezas separadas para tramitar recursos de apelación, la práctica de numerosas diligencias de instrucción y el envío de comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos.
El Supremo también menciona la «intensa actividad impugnatoria» mantenida durante todo el procedimiento, una circunstancia que, a juicio de los magistrados, justifica la cuantía finalmente establecida.
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado. También se le impuso el pago de 17.200 euros entre multa e indemnización, una cantidad que fue abonada por la Unión Progresista de Fiscales después de organizar una colecta.
La sentencia obligó igualmente al ex fiscal general a sufragar las costas procesales. En un primer momento, el Supremo las calculó en 79.942,70 euros, después de que el abogado de González Amador reclamara cerca de 80.000 euros por sus honorarios.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado recurrieron aquella tasación al considerar que incluía cantidades indebidas y excesivas. El alto tribunal estimó parcialmente la impugnación y redujo la minuta del abogado y del procurador, excluyendo del cálculo diferentes recursos.
Tras aquella revisión, la cifra quedó fijada en 39.009,48 euros. Sin embargo, las defensas insistieron en reclamar una reducción mayor.
El Supremo rechaza ahora esa pretensión y concluye que la resolución anterior ya realizó una adecuada labor de «ponderación y moderación» atendiendo a las circunstancias de la causa.
La decisión confirma de manera definitiva la factura judicial que García Ortiz deberá afrontar como consecuencia del proceso y pone fin a los intentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de rebajar nuevamente las costas.