El PP acorrala a Sánchez por la regularización masiva y obliga a Saiz y Marlaska a dar la cara
Los populares lanzan una ofensiva en el Congreso con dos solicitudes de comparecencia, una iniciativa sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo y 22 preguntas para conocer el coste, el alcance y el impacto del proceso en los servicios públicos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
El Partido Popular ha abierto un nuevo frente parlamentario contra el Gobierno por la gestión del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. El Grupo Popular en el Congreso ha solicitado las comparecencias de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que expliquen el desarrollo de una medida que, según denuncia la formación, comenzó sin planificación suficiente y ha provocado el colapso de numerosas oficinas.
La ofensiva impulsada por el grupo que dirige Ester Muñoz incluye también una batería de 22 preguntas parlamentarias y una Proposición no de Ley para exigir al Ejecutivo que adapte la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, detalle los recursos destinados a su aplicación y respalde el nuevo Reglamento europeo de Retornos.
Los populares quieren que Saiz y Marlaska informen ante el Congreso sobre el impacto de la regularización en los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional. El PP sostiene que todavía no existen datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes, su distribución territorial, el perfil de los beneficiarios o la presión que el procedimiento está ejerciendo sobre las administraciones.
El PP exige conocer el coste real para los servicios públicos
La batería registrada en la Cámara Baja reclama al Gobierno los estudios que haya elaborado sobre el efecto de la regularización en la vivienda pública, los servicios sociales, la escolarización y la posible saturación de recursos públicos. También pregunta por la concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas y por los refuerzos de personal incorporados para tramitar los expedientes.
El PP solicita el número total de solicitudes registradas desde el inicio del procedimiento, el pasado 16 de abril, desglosado por comunidades autónomas y provincias. Asimismo, exige conocer cuántos expedientes han sido resueltos, cuántos permanecen pendientes y cuáles han sido las principales causas de inadmisión o rechazo.
La formación también pregunta si el Ejecutivo estudia ampliar el plazo para presentar solicitudes y pide que se identifiquen las diez nacionalidades con mayor número de demandantes, incluyendo el porcentaje que representa cada una sobre el total.
Otro bloque de preguntas se centra en los controles aplicados durante el proceso. Los populares reclaman información sobre las denuncias relacionadas con posibles falsedades documentales, empadronamientos fraudulentos o certificados falsificados.
Además, quieren conocer cuántas solicitudes han sido rechazadas al comprobarse que los interesados tenían antecedentes penales y cuántos expedientes corresponden a personas con antecedentes policiales, diferenciando los que han sido admitidos, denegados o continúan pendientes de resolución.
El PP considera que las largas colas registradas al comienzo del procedimiento, la insuficiencia inicial de medios y la posterior necesidad de incorporar refuerzos evidencian que el Gobierno puso en marcha una operación de gran alcance sin contar con una estructura adecuada.
Seis exigencias para aplicar el pacto migratorio europeo
La Proposición no de Ley registrada por los populares plantea seis medidas y será sometida a debate y votación en el Pleno del Congreso. La primera reclama la tramitación urgente de todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para adaptar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español.
El PP pide igualmente que el Gobierno envíe a las Cortes un informe detallado sobre el grado de ejecución del Plan Nacional de implementación y que refuerce inmediatamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a su cumplimiento.
La iniciativa exige además un plan coordinado con las comunidades autónomas y el resto de administraciones implicadas que garantice información permanente, participación efectiva, financiación suficiente y el cumplimiento de los nuevos procedimientos y plazos en las fronteras.
Los populares reclaman que España disponga de los medios necesarios para aplicar el procedimiento de triaje y los nuevos mecanismos de asilo y retorno en frontera. Finalmente, instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a votar a favor del acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre el Reglamento de Retornos y a garantizar su aplicación desde su entrada en vigor.
Con esta ofensiva, el PP pretende llevar al Congreso las cifras y consecuencias de una regularización que considera marcada por la improvisación y forzar al Gobierno a aclarar qué informes utilizó para aprobarla, qué recursos ha movilizado y qué efectos está produciendo sobre los servicios públicos.