El juez Peinado, sobre Begoña Gómez y su retirada de pasaporte: "Presidentes de Gobierno se fugaron"

El juez Juan Carlos Peinado se mantiene firme en sus decisiones judiciales. Mientras la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, intenta revocar las medidas cautelares impuestas por el magistrado, es él quien ha respondido con un escrito. Peinado mantiene intacta su posición: la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar territorio español siguen siendo necesarias para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento. Así como acudir a firmar cada 15 días en el juzgado.

Y para sostener esa tesis, el juez le recuerda a la Audiencia Provincial de Madrid que ya ha existido el precedente de un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea que logró huir de la Justicia refugiándose en Túnez, pese a disponer previsiblemente de todos los mecanismos de protección institucional propios de su cargo. De poco sirvieron en ese caso.

Peinado recuerda a Bettino Craxi, líder socialista italiano que huyó de su propio país y de la acción de la Justicia, con tal de no enfrentarse a ella. Craxi fue primer ministro de Italia de 1983 a 1987 en la primera etapa del pentapartito italiano. Implicado en la trama de corrupción de 'Tangentopoli' -salpicó por sobornos a los principales grupos políticos-, huyó en 1994 a tierras tunecinas, donde falleció años más tarde -2000-.

La comparación constituye uno de los pasajes más destacados del escrito remitido por el juez Peinado al tribunal encargado de resolver el recurso presentado por la defensa de Gómez. A la vez, evidencia que el magistrado considera que el riesgo de fuga no puede descartarse únicamente por el hecho de que la investigada esté permanentemente acompañada por escoltas de la Policía Nacional.

"Elementos que no cumplen sus obligaciones"

Uno de los aspectos más delicados del escrito afecta a la polémica generada por las anteriores manifestaciones del magistrado sobre la posible colaboración de miembros del dispositivo policial en una eventual fuga. Es decir, los escoltas de Begoña Gómez.

Aquellas afirmaciones provocaron una reacción inmediata de los sindicatos policiales, que interpretaron que el instructor estaba poniendo en duda la profesionalidad de los agentes encargados de la seguridad presidencial. Tanto es así, que la controversia alcanzó incluso al Consejo General del Poder Judicial, que inició con urgencia actuaciones para estudiar si las declaraciones podían tener relevancia disciplinaria.

Consciente del alcance institucional de sus palabras, Peinado introduce ahora una importante matización. Afirma expresamente que "en modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar" a la Policía Nacional. Y, al mismo tiempo, mantiene intacto el fondo de su argumentación.

El juez sostiene que, como ocurre en cualquier organización pública, pueden existir "elementos individuales" que incumplan sus obligaciones y recuerda precisamente la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, como prueba de que el propio Estado contempla la posibilidad de actuaciones irregulares dentro del Cuerpo Policial. De este modo, el magistrado intenta separar la valoración general sobre la Policía Nacional de la hipótesis procesal que justifica mantener las medidas cautelares.

Pendientes de la Audiencia Provincial

La resolución firmada por Juan Carlos Peinado el pasado 30 de junio -antes de iniciar sus vacaciones- constituye la contestación formal al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez. Será ahora la Audiencia Provincial de Madrid quien deba pronunciarse sobre si mantiene o revoca la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España a la mujer de Pedro Sánchez. No se trata únicamente de decidir sobre dos medidas cautelares.

La decisión se conocerá el próximo 13 de julio. Concretamente, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado ese día la deliberación a puerta cerrada sobre los recursos presentados. 

Hay que recordar que Begoña Gómez está acusada de cuatro graves delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. 

También se sentará en el banquillo Cristina Álvarez, amiga personal de Begoña Gómez, y quien fue contratada como asesora del Palacio de la Moncloa, aunque realizaba labores personales y profesionales en beneficio de la esposa de Pedro Sánchez. 

A ellas dos se suma, además, Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.