JUCIL planta cara a Marlaska por el "desmantelamiento" de la Guardia Civil en Navarra

JUCIL ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique de manera inmediata cuál es la hoja de ruta prevista para los guardias civiles de Tráfico destinados en Navarra ante el avance del traspaso de competencias al Gobierno foral. La asociación denuncia que los agentes y sus familias permanecen en una situación de «total incertidumbre», sin información suficiente sobre sus destinos, sus condiciones laborales o las posibles alternativas profesionales.

La organización considera que la transferencia supondrá, en la práctica, la desaparición de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Por este motivo, ha remitido un escrito formal al Ministerio del Interior para exigir acceso a la documentación relacionada con el proceso y reclamar garantías para el personal afectado.

Según sostiene JUCIL, la situación de Navarra forma parte de un proceso más amplio de pérdida de competencias y presencia territorial de la Guardia Civil. La asociación habla de un «borrado encubierto» que habría comenzado en el País Vasco y Cataluña y que ahora continúa en la Comunidad Foral con el traspaso de las funciones de vigilancia y regulación del tráfico.

JUCIL recuerda, además, que ya consiguió frenar judicialmente una primera versión de esta transferencia. El Tribunal Supremo anuló aquel procedimiento, lo que obligó al Gobierno a modificar la legislación para poder seguir adelante con la medida.

La organización denuncia que las normas que están desarrollando el traspaso se aprueban sin contar con las asociaciones profesionales. Su secretario general, Ángel Lezcano, también alerta de que, desde el pasado 1 de julio, los guardias civiles estarían tramitando denuncias mediante boletines oficiales del Gobierno de Navarra en aplicación de una instrucción de la Dirección General de Tráfico.

Los servicios jurídicos de JUCIL están analizando esta práctica al considerar que podría no ajustarse a Derecho. La asociación también acusa a la Junta de Seguridad de Navarra de actuar con una «absoluta opacidad» y compara el proceso con otras transferencias que ha recurrido ante los tribunales, como las relacionadas con el Seprona en Cataluña o con la seguridad de puertos y aeropuertos en el País Vasco.

JUCIL reclama que los agentes conozcan cuanto antes qué ocurrirá con sus plazas para poder decidir si permanecen a la espera del traspaso, solicitan otro destino o adoptan cualquier otra decisión sobre su carrera dentro o fuera del cuerpo.

Entre sus principales exigencias figura la entrega de los informes, estadísticas y comunicaciones mantenidas entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de Navarra. También solicita información detallada sobre la denominada «pasarela» para los agentes que decidan incorporarse voluntariamente a la Policía Foral.

La asociación quiere conocer los plazos, los horarios, las jornadas, las retribuciones y el resto de las condiciones profesionales que se ofrecerán a quienes opten por integrarse en el cuerpo autonómico. Para aquellos que rechacen esta posibilidad, reclama garantías económicas y derechos preferentes para acceder a vacantes en otros puntos de España.

JUCIL pregunta igualmente si el Estado compensará las posibles diferencias salariales en caso de que los agentes pasen a cobrar menos en la Policía Foral que en la Guardia Civil de Tráfico. Además, exige conocer el orden del día de las próximas reuniones de la Junta de Seguridad entre el Estado y Navarra.

La asociación concluye reclamando amparo para los guardias civiles afectados y advierte de que la falta de información está teniendo consecuencias directas sobre su estabilidad personal, familiar y profesional. JUCIL se ofrece a participar en la búsqueda de soluciones, pero mantiene su rechazo frontal a lo que considera un nuevo paso para reducir la presencia y las competencias de la Guardia Civil en España.