Quién es Edmundo Bal, el abogado que defenderá al DAO de la Guardia Civil en el caso Leire
De enfrentarse al independentismo en el juicio del procés a representar al director adjunto operativo de la Guardia Civil en una investigación de gran impacto político.
Edmundo Bal.
El regreso de Edmundo Bal al primer plano de la actualidad judicial llega de la mano de uno de los procedimientos con mayor carga política del momento. La Abogacía General del Estado le ha encomendado la defensa del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, investigado en el denominado "caso Leire". El nombramiento devuelve a la escena a quien durante años fue uno de los abogados más destacados del Estado antes de convertirse en una de las caras más reconocibles de Ciudadanos.
Bal será el encargado de representar a Llamas cuando comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia. La investigación trata de aclarar si las informaciones reservadas abiertas contra varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), responsables de pesquisas que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, respondían realmente a un objetivo disciplinario o si, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, se utilizaron para presionar a los investigadores. En el mismo procedimiento también figura como investigada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque en su caso ha optado por contratar una defensa particular.
Para Bal, este encargo supone un regreso a un terreno que conoce a la perfección. Mucho antes de entrar en política había desarrollado casi toda su carrera en el área penal de la Abogacía del Estado, participando en algunos de los procesos judiciales más complejos y mediáticos de las últimas décadas. Sin embargo, fue el juicio del procés el que terminó convirtiéndolo en un personaje conocido para el gran público.
Bal es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 1993. Antes de su paso por la política, se consolidó como uno de los letrados más destacados de su generación, interviniendo en causas de gran repercusión pública. Entre los procesos en los que participó figuran delitos fiscales contra figuras del fútbol español como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Ángel Di María, Luka Modrić o José Mourinho, así como casos de corrupción como la trama Gürtel o la causa contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos.
Su labor en el área penal le valió un reconocimiento amplio dentro de los ambientes jurídicos y políticos, pero también le situó en el centro de un intenso debate cuando, en 2018, prefirió no renunciar a su criterio jurídico en el escrito de acusación del juicio del Procés, defendiendo que los hechos debían calificarse como rebelión y no solo como sedición y malversación. Esa discrepancia con Consuelo Castro y la decisión final de esta de firmar el escrito de acusación acabaron con la destitución de Bal por pérdida de confianza, marcando su salida de la Abogacía del Estado y su entrada en la política activa.
Tras abandonar la Abogacía, Bal se incorporó a Ciudadanos, llegando a ser portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Fue una voz crítica tanto con el PP —especialmente en casos de corrupción como Gürtel— como con su propio partido, al que acabó distanciándose y por cuya postura electoral fue expulsado en 2023. En 2024 fundó el partido Cree, que no logró representación significativa en las Elecciones al Parlamento Europeo de ese año.
Ahora, con su regreso a la Abogacía del Estado, Bal retoma el contacto directo con la jurisdicción penal en un momento en que los casos de corrupción, la reforma del sistema judicial y las tensiones internas en la Fiscalía vuelven a acaparar la atención pública. Su papel en la coordinación de recursos de casación le permitirá intervenir en asuntos complejos que llegarán al Tribunal Supremo, donde su experiencia y su conocimiento de los mecanismos procesales serán claves.
El contexto actual del sistema judicial español está marcado por una creciente preocupación por la independencia de los fiscales y la percepción de que las instituciones están sometidas a presiones políticas. Un amplio reportaje publicado recientemente describe una profunda crisis interna dentro de la Fiscalía General del Estado, con enfrentamientos, falta de transparencia y tensiones sobre nombramientos y competencias, lo que añade un matiz adicional a la reincorporación de Bal al ámbito penal.