El terremoto saca de su escondite a 'Txistu': la Audiencia Nacional mantiene la orden internacional de detención
El juez Francisco de Jorge rechaza considerar prescrita la causa y admite la querella de Dignidad y Justicia por el atentado de 1979 en el que fueron asesinados tres guardias civiles.

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto
La localización en Venezuela de Luis María Olalde Quintela, alias ‘Txistu’, después de que fuera rescatado entre los escombros provocados por los terremotos del pasado 25 de junio, ha reactivado los movimientos judiciales para intentar llevar ante la Justicia española al antiguo integrante de ETA.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido mantener vigente la requisitoria internacional contra Olalde y ha rechazado, por el momento, la petición de su defensa para declarar extinguida su responsabilidad penal por prescripción. La resolución supone que continúa activa la orden para buscarlo, localizarlo y detenerlo fuera de España.
La defensa sostenía que el plazo de veinte años habría finalizado el 16 de mayo de 2023, tomando como referencia una resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2003. La Fiscalía se opuso a esa interpretación y el instructor considera que aquella decisión no cerró definitivamente el procedimiento.
El magistrado señala que, después de la resolución venezolana, la Audiencia Nacional propuso al Gobierno español que reclamara la extradición del investigado. Esa actuación judicial impediría considerar agotado el plazo de prescripción, según el criterio recogido en el auto.
Olalde se presentó ante las autoridades venezolanas en abril de 2003 después de que España solicitara su entrega. El Tribunal Supremo venezolano rechazó entonces la extradición al apreciar defectos en la documentación remitida y acordó su puesta en libertad.
De forma paralela, el juez ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia, que atribuye a ‘Txistu’ una presunta participación en el atentado cometido el 13 de enero de 1979 en el País Vasco.
En aquella acción terrorista fueron asesinados los guardias civiles Francisco Gómez Jiménez, Miguel García Bayo y Francisco Mota Calvo. La acusación sostiene que Olalde habría intervenido en la preparación, colocación y activación de los explosivos empleados en el ataque.
El juez considera que la querella describe suficientemente los hechos, concreta el lugar y el momento en los que se produjeron e individualiza la supuesta intervención del investigado. También recuerda que el atentado ya fue juzgado respecto de otras personas, por lo que descarta que las acusaciones planteadas sean jurídicamente imposibles o manifiestamente falsas.
Dignidad y Justicia sostiene que Olalde escapó a Venezuela en 1979 para evitar ser detenido y que permaneció allí durante décadas. La asociación asegura que tuvo conocimiento de su paradero después de los terremotos que golpearon Caracas y la zona de La Guaira.
Según la querella, ‘Txistu’ fue encontrado con vida bajo los restos del edificio en el que residía con su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino. Su aparición permitió confirmar que seguía viviendo en Venezuela y proporcionó una localización concreta después de décadas fuera del alcance de los tribunales españoles.
Dignidad y Justicia considera que esta circunstancia abre una oportunidad para ejecutar una reclamación judicial que hasta ahora no había prosperado. La organización advirtió al juzgado del riesgo de que el reclamado volviera a ocultarse, cambiara de residencia o desapareciera nuevamente si las autoridades no actuaban con rapidez.
La Audiencia Nacional ha acordado mantener activa la orden internacional de detención contra Luis María Olalde mientras continúa investigando su presunta participación en el atentado que costó la vida a los tres agentes.