Iustitia Europa reivindica su papel en la condena al hermano de Sánchez: "La Fiscalía pidió el archivo"
La organización destaca que la Audiencia de Badajoz haya impuesto a los condenados las costas de las acusaciones populares y defiende que su actuación fue decisiva para mantener vivo el procedimiento.
Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha reivindicado este martes el trabajo de las acusaciones populares tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, entre otros acusados, por las irregularidades relacionadas con la creación y adjudicación del puesto que ocupó el músico en la Diputación Provincial.
La organización considera que la resolución judicial supone un respaldo al papel de la acción popular, especialmente después de que el Ministerio Fiscal no formulara acusación y solicitara el sobreseimiento de la causa. Frente a la postura de la Fiscalía, las acusaciones populares mantuvieron la acción penal hasta la celebración del juicio y la posterior sentencia condenatoria.
Los condenados asumirán las costas
Iustitia Europa ha destacado que la Audiencia no solo haya dictado condenas, sino que también haya impuesto las costas correspondientes a los delitos, incluidas las generadas por las acusaciones populares.
A juicio de la organización, esta decisión reconoce que su participación fue necesaria para sostener el procedimiento y defender el interés general. Los condenados deberán asumir, por tanto, parte del coste económico de la causa promovida por las organizaciones personadas.
La sentencia considera probado, según la nota difundida por Iustitia Europa, que responsables de la Diputación de Badajoz decidieron crear el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios con la finalidad de que fuera ocupado por David Sánchez. La resolución también analiza la elaboración de los criterios de valoración y las posteriores actuaciones administrativas vinculadas a la plaza.
El presidente de Iustitia Europa y director de su acusación popular, Luis María Pardo, ha subrayado que la sentencia demuestra la capacidad de la sociedad civil para actuar cuando otras instituciones deciden no continuar con un procedimiento.
«Cuando la Fiscalía pidió el archivo, las acusaciones populares mantuvimos viva la acción penal hasta obtener una condena», ha señalado Pardo, quien también ha puesto en valor la decisión de imponer las costas a los condenados.
El abogado ha defendido que quienes ejercieron la acción penal en defensa del interés general no deben soportar el coste económico del procedimiento y ha agradecido el trabajo realizado por los letrados Rubén Gutiérrez Sobrino y Alicia Gómez Cuéllar.
Iustitia Europa sostiene que la resolución refuerza la acción popular como instrumento para combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.