La Fiscalía abre la vía del "fallo del terreno" en Adamuz mientras desplaza el foco del estado de las vías

Cuando las miradas apuntaban al estado de la infraestructura ferroviaria y al mantenimiento de la red, la investigación judicial del accidente de Adamuz ha dado un giro. La Fiscalía ha respaldado abrir una nueva línea de trabajo para determinar si el terreno sobre el que se asentaba la vía pudo influir en la rotura del carril que desencadenó el siniestro del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

El movimiento no es menor. Llega en un momento especialmente incómodo para el Ministerio de Transportes, cuya gestión de la red ferroviaria se encuentra bajo un intenso escrutinio tras una sucesión de incidencias, averías y problemas de mantenimiento que han alimentado las críticas contra el departamento que dirige Óscar Puente. En ese contexto, la decisión de poner el foco también en un posible "fallo del terreno" introduce un nuevo elemento en la investigación que desplaza parte del debate desde el estado de las vías hacia factores geológicos.

Así lo recoge el escrito remitido por el Ministerio Público a la jueza instructora del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba). El fiscal considera "perfectamente procedente" que participe un especialista en geología para analizar el terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria, al entender que esa prueba puede resultar relevante para esclarecer las causas del accidente.

La propuesta parte de los tres peritos judiciales designados, que tras revisar la documentación relativa a las obras de renovación de la vía consideran necesario comprobar si, además de la posible rotura del carril, concurrieron otros factores externos que pudieran haber favorecido el descarrilamiento.

Para ello plantean realizar una campaña geotécnica con, al menos, dos sondeos de 15 metros de profundidad y varios ensayos de penetración estándar (SPT) en las inmediaciones del punto donde se produjo la fractura. El objetivo es comprobar si existían discontinuidades en la infraestructura o en el terreno inferior capaces de haber influido en la rotura del carril. No obstante, los propios expertos subrayan que estos trabajos solo podrán decidirse una vez que Adif entregue la documentación técnica que todavía falta por incorporarse a la causa.

La Fiscalía, sin embargo, no respalda con el mismo entusiasmo todas las peticiones de los peritos. El Ministerio Público considera que, por ahora, no procede incorporar un ingeniero de telecomunicaciones para estudiar por qué el tren Alvia no detectó la incidencia cuando se cruzó con el convoy de Iryo o tras producirse el descarrilamiento, al entender que esa cuestión afecta a un momento posterior al accidente y excede el objeto de la investigación.

Sí muestra, en cambio, su conformidad con las pruebas metalúrgicas sobre los restos del carril recuperados en la zona del siniestro. El fiscal respalda que el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim) tenga prioridad para realizar parte de los ensayos, así como la incorporación de pruebas adicionales de hidrógeno, la presencia de los peritos durante los análisis y la participación de técnicos de los fabricantes para interpretar correctamente los datos de las cajas negras de los trenes siniestrados.

Asimismo, apoya que la jueza vuelva a requerir a Adif toda la documentación pendiente solicitada por los expertos, considerada imprescindible para completar la reconstrucción de lo ocurrido.

Mientras tanto, la investigación suma ahora una nueva hipótesis sobre la mesa. Sin descartar ninguna causa, la incorporación del factor geológico modifica el eje del debate judicial justo cuando la presión política se concentraba en el estado de la infraestructura ferroviaria y en la responsabilidad de quienes deben garantizar su conservación. Ese cambio de enfoque, inevitablemente, también tendrá consecuencias fuera de los tribunales.