¿Sánchez, bombero o pirómano? Su inacción multiplica los incendios que luego presume apagar

Existe una inquietante forma de entender la acción política que evoca los viejos métodos de ingeniería social propios del marxismo soviético: generar las condiciones del problema, asfixiar la independencia de los ciudadanos mediante una regulación creciente y, cuando la crisis resulta inevitable, comparecer como el único capaz de ofrecer la solución. Primero se debilita la iniciativa social; después, se administra el remedio desde el poder.

Esa dinámica, que aflora con especial crudeza cada verano en los montes españoles, ha convertido la gestión forestal y de las emergencias en un escenario donde la burocracia termina sustituyendo a la prevención y el relato político pretende imponerse sobre la realidad.

El monte no comienza a arder cuando suben las temperaturas del verano; empieza a hacerlo muchos meses antes, cuando una legislación inspirada en planteamientos ideológicos o políticos impide o dificulta aquellas actuaciones que durante generaciones garantizaron el equilibrio de nuestros bosques. Basta recorrer el medio rural, como recuerda una brava ganadera cántabra a través de las redes, para comprobar las consecuencias: limpiar caminos, retirar piñas, troncos caídos, ramas secas o desbrozar la maleza se ha convertido, con demasiada frecuencia, en una carrera de obstáculos administrativos o incluso en una conducta susceptible de sanción, amparada en una concepción totalitarista pretendidamente ecologista que desconoce o desprecia la realidad cotidiana del campo.

A ello se suma la limitación para abrir y mantener cortafuegos verdaderamente eficaces y el progresivo abandono de la ganadería extensiva tradicional, cuyos rebaños desempeñaban una función esencial de limpieza natural del sotobosque, eficaz, permanente y sin coste para las administraciones. El resultado de esta hiperregulación es un gigantesco polvorín. Las masas forestales presentan tal acumulación de combustible vegetal, tal densidad y tal grado de abandono que cualquier foco de ignición puede transformarse, en cuestión de minutos, en un incendio de consecuencias devastadoras.

Esa misma lógica de asfixia se proyecta también sobre el funcionamiento de las instituciones y la gestión de las emergencias. El modo de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez revela, a mi juicio, una preocupante doble vara de medir. De un lado, se percibe una actitud de indolencia y escasa diligencia ante las demandas de auxilio formuladas por administraciones gobernadas por el Partido Popular, como muchos entendieron que sucedió con la gestión de la crisis en la Comunidad Valenciana, escudándose en el argumento de que «si no se pide ayuda, no se actúa». De otro, cuando comunidades autónomas como la de Madrid reclaman, con lealtad institucional y sentido de la urgencia, los medios necesarios para hacer frente a incendios de extraordinaria gravedad, tropiezan con una respuesta marcada por el tacticismo político, la falta de cooperación y una alarmante ausencia de solidaridad institucional, que debería presidir cualquier actuación en situaciones de emergencia por parte de quien ha centrado en el enfrentamiento su estrategia.

La conclusión que transmite este modo de proceder responde a una lógica tan simple como inquietante: primero se limita, mediante una regulación cada vez más restrictiva, el mantenimiento ordinario del territorio; después, se dificulta la cooperación entre administraciones cuando la catástrofe afecta a territorios gobernados por fuerzas políticas distintas; finalmente, se comparece ante la opinión pública con un amplio despliegue institucional y mediático para presentar esa intervención como la respuesta decisiva del Gobierno.

Si esa realidad se consolida, la pregunta que da título a este artículo deja de ser una simple provocación para convertirse en un auténtico interrogante político. Porque España no arde únicamente por las altas temperaturas o por la dureza de los veranos. También corre el riesgo de hacerlo cuando la prevención cede ante la burocracia, cuando la cooperación institucional queda subordinada al interés partidista y cuando el relato termina prevaleciendo sobre la eficacia.

El verdadero incendio que debería preocuparnos no es solo el que consume miles de hectáreas de monte cada verano. Es, sobre todo, el que se produce cuando las decisiones políticas sustituyen el conocimiento acumulado durante generaciones, cuando la propaganda desplaza a la prevención y cuando el interés partidista termina imponiéndose al interés general. Porque entonces el Gobierno deja de limitarse a apagar incendios para correr el riesgo de haber contribuido, previamente, a crear las condiciones para que estos resulten cada vez más devastadores. Esa es, en definitiva, la cuestión que da sentido al título de estas líneas: determinar si quien pretende presentarse como bombero no ha actuado antes, por acción u omisión, como el verdadero pirómano político.

Lo que verdaderamente inquieta de esta forma de actuar no es una cadena de fallos administrativos, sino una forma de entender el poder. A lo largo del siglo pasado, los sistemas de raíz colectivista perfeccionaron una táctica conocida: ir cercenando los espacios de libertad civil para que el Estado acabe monopolizando las soluciones allí donde la sociedad civil, con sus municipios, familias o círculos de iniciativa propia, bastaba para salir adelante, hasta que el aparato público terminara interviniendo para suplantarla y generar una dependencia cada vez mayor.

Es preocupante que en la España actual se reproduzcan esas conductas. Ciertos hábitos de gobierno parecen calcar esos viejos resortes. Ante cualquier contratiempo se redacta un decreto nuevo que enturbia aún más la situación; cada obstáculo se combate con más tutela oficial y cada emergencia se aprovecha para ensanchar el foco del poder político. La sociedad deja de ser dueña de su destino para convertirse en mera espectadora pasiva de lo que se decide en los despachos.

De este modo, la acción política no solo abandona la prevención, que es silenciosa, exige constancia y apenas da réditos de imagen, para volcarse en la gestión del desastre, que llena telediarios y alimenta el relato oficial, sino que también impide la actuación privada. El incentivo queda pervertido: prevenir apenas rinde frutos, mientras que acudir cuando todo arde permite erigirse en salvador providencial.

Esta razón va mucho más allá de los montes y los incendios. Se comprueba en el mercado de la vivienda, asfixiado por controles que hunden la oferta; en el sector energético; o en el tejido empresarial, sometido a una lluvia constante de normas. En todos ellos, la norma es prohibir y maniatar antes que confiar en la responsabilidad y la iniciativa del ciudadano.

Gobernar debe significar habilitar el terreno para que una sociedad funcione con libertad y eficacia, no acaparar cada resquicio de decisión. El auténtico gobernante no es el que acude a diario a las pantallas a gestionar crisis, sino el que consigue que muchas de ellas ni siquiera lleguen a estallar.

Por esta razón, la pregunta sobre el papel del bombero y el pirómano no es una mera provocación dialéctica. El debate real no es solo quién acude a apagar las llamas cuando ya arrasan el territorio, sino quién preparó el terreno, con leyes y trabas, para hacerlo infinitamente más vulnerable. Al final, la diferencia entre ambos radica en que el primero sofoca el fuego y el segundo propicia, con su intervencionismo, que este resulte inevitable.