La Complutense se suma al frente contra Begoña Gómez y su asesora con una reclamación de más de 113.000 euros

A Begoña Gómez le podría salir caro el tema del software si acaba siendo condenada. La presión continúa creciendo a las puertas del juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y en esta ocasión ha sido la propia Universidad Complutense de Madrid la que ha movido ficha al reclamar que, si la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, Cristina Álvarez, resultan condenadas, indemnicen solidariamente a la institución con 113.509,32 euros por los perjuicios derivados del desarrollo del software vinculado a la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

La universidad ha presentado su escrito de conclusiones de cara al juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid (en una fecha todavía por determinar). En él cuantifica en esa cantidad el coste del desarrollo de la herramienta informática que, según la investigación judicial, habría terminado utilizándose para fines privados pese a haberse desarrollado con fondos y recursos públicos.

La Complutense reclama recuperar el control del software

Además de la indemnización económica, la Complutense ha solicitado que se le restituya la titularidad y el control absoluto del software, así como todos los elementos asociados a su funcionamiento. La petición incluye dominios de internet, accesos, credenciales, códigos fuente, documentación técnica, derechos de explotación y cualquier otro activo relacionado que permanezca en poder de las personas que puedan resultar condenadas.

Los 113.509,32 euros reclamados corresponden al coste directo del desarrollo del software y al gasto de personal destinado al proyecto. Según sostiene la universidad, esa cantidad pretende compensar tanto la pérdida de disponibilidad de la herramienta informática como el empleo de recursos humanos que, presuntamente, habrían acabado dedicándose a fines particulares.

Como perjudicada en la causa, la universidad hace suyos los argumentos recogidos por la Audiencia Provincial de Madrid, que aprecia indicios de que Begoña Gómez, en su condición de codirectora de la cátedra y responsable de la gestión de sus recursos, habría desviado el software desarrollado con medios públicos hacia su ámbito de disposición exclusiva. Respecto a Cristina Álvarez, la institución sostiene, a efectos civiles, que habría actuado como colaboradora necesaria.

La Complutense enumera además varios hechos que considera relevantes para sustentar esos indicios, entre ellos el registro de la marca "TSC", la solicitud de la marca vinculada a la plataforma Transforma TSC, la transferencia del dominio de internet a nombre de Gómez o la constitución de la sociedad Transforma TSC S.L., de la que figura como administradora única y cuyo objeto sería la explotación comercial del software.

A juicio de la universidad, todas esas actuaciones habrían privado al centro académico de la titularidad y del control de un activo desarrollado con recursos públicos, además de menoscabar su patrimonio. La institución subraya igualmente que entre la Complutense y Begoña Gómez existía una "verdadera relación de confianza".

Peinado da cinco días para presentar la defensa

En paralelo, el juez Juan Carlos Peinado, en una providencia dictada este martes, ha concedido a Begoña Gómez y Cristina Álvarez un plazo de cinco días para presentar sus escritos de defensa. Además, les ha otorgado tres días para comunicar si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la apertura del juicio oral.

Por su parte, la Fiscalía ha reiterado la posición que ha mantenido durante toda la investigación y ha comunicado al juzgado que no presentará escrito de acusación, sino un escrito de conclusiones absolutorias al considerar que no aprecia delito en esta causa.