Sánchez, Begoña... y su asesora de Moncloa: la UCO también mete en serios aprietos a Cristina Álvarez
Los investigadores concluyen en su informe que la asesora de Moncloa de Begoña Gómez estuvo “integrada” en el equipo de trabajo de la cátedra que codirigió la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense y desarrolló una “gestión activa” en reuniones, contratos y trámites administrativos vinculados al proyecto y a la contratación de Deloitte.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez, sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla.
Otro informe de la UCO ha aparecido de buena mañana para amargar aún más si cabe el inicio de semana a Pedro Sánchez. Con todos los focos puestos en el referente del socialismo José Luis Rodríguez Zapatero, se ha sumado a la ecuación el documento sobre la investigación de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Y el próximo jueves 28 de mayo, su hermano, David Sánchez, en el banquillo. Nadie se libra.
Tampoco se libra y tampoco hay buenas noticias para Cristina Álvarez, asesora de Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno. La investigación es clara también sobre su papel desempeñado: sostiene que no actuó como una mera asistente institucional, sino que estuvo “integrada en el equipo de trabajo de la cátedra” y desarrolló una “gestión activa” dentro del proyecto universitario.
El juez Juan Carlos Peinado ya tiene en su poder el informe encargado en agosto de 2024. A lo largo de 317 páginas, la UCO analiza la creación de la cátedra, el desarrollo de la plataforma tecnológica vinculada al proyecto y los movimientos bancarios relacionados con Begoña Gómez. En ellas aparece repetido en varias ocasiones este nombre.
Según la Guardia Civil, Cristina Álvarez participó en reuniones sobre el desarrollo de la plataforma de medición de impacto social y medioambiental y realizó “gestiones burocráticas” relacionadas con la iniciativa. Los investigadores destacan además que, “independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad”, la asesora de Moncloa actuaba de hecho como parte del equipo de la cátedra. Una conclusión especialmente delicada porque sitúa a una trabajadora pagada con fondos públicos desempeñando tareas ligadas a un proyecto universitario impulsado por la esposa del presidente del Gobierno.
Aquí está la clave. El Código Penal español castiga con dureza el uso de la estructura del Estado para beneficio particular, lo que convierte sus gestiones en presuntos delitos de corrupción pública y privada. En concreto, el ordenamiento jurídico considera delictivo que una funcionaria emplee su sueldo público, su jornada laboral y los recursos del Palacio de la Moncloa para actuar, en este caso, como gestora de la cátedra privada de Begoña Gómez, ya que esto supone desviar fondos públicos hacia fines lucrativos ajenos al interés general (malversación).
Asimismo, la ley penaliza la utilización del prestigio y los canales oficiales de la Presidencia del Gobierno para presionar o influir en empresas y patrocinadores privados con el objetivo de obtener ventajas comerciales o financieras (tráfico de influencias y corrupción en los negocios), una conducta que quiebra la neutralidad institucional de la Administración Pública.
Papel clave en la contratación de Deloitte
La UCO también pone el foco en la contratación de Deloitte para colaborar con la cátedra. El informe sostiene que dicha adjudicación se articuló mediante expedientes utilizados como “un mero marco administrativo” para dar “apariencia de legalidad”, aunque “al margen del procedimiento establecido en la normativa”. Los agentes explican que los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, aunque consideran que las adjudicaciones “estaban premeditadas” y que Deloitte ya había comenzado a trabajar antes de completarse la tramitación oficial.
En ese contexto, la Guardia Civil afirma que Cristina Álvarez conocía el contenido de la propuesta de Deloitte antes de la tramitación del contrato menor y que participó en la gestión administrativa necesaria para justificar la facturación posterior. También habría tenido conocimiento de que la consultora continuó prestando servicios más allá del plazo fijado en el contrato.
Los investigadores añaden que Gómez estaba al tanto de los trámites realizados para justificar la facturación y era consciente tanto del alcance real de los servicios prestados por Deloitte como de la continuidad de esos trabajos una vez expirado el plazo de ejecución contractual.
