Trece entidades bancarias deberán remitir al SEPBLAC las cuentas del nucleo familiar de Zapatero
El juez José Luis Calama reclama los movimientos financieros del expresidente, su esposa y sus dos hijas dentro de la investigación del caso Plus Ultra
La familia de José Luis Rodríguez Zapatero
La Audiencia Nacional amplía el rastreo del dinero en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama ha ordenado a trece entidades bancarias que faciliten la información completa de 57 cuentas vinculadas al expresidente del Gobierno, su entorno familiar, varios colaboradores y un grupo de sociedades investigadas.
El requerimiento abarca los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2020 y alcanza directamente a toda la familia Zapatero: el exjefe del Ejecutivo, su esposa, María Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. También figura la secretaria personal del expresidente, María Gertrudis Alcázar, y el empresario Julio Martínez Martínez.
De las 57 cuentas analizadas, 25 corresponden a personas físicas y las otras 32 pertenecen a trece sociedades. El objetivo del instructor es reconstruir el recorrido del dinero, identificar el origen de los ingresos y comprobar el destino final de los fondos que circularon entre las personas y las empresas situadas bajo la lupa judicial.
Seis cuentas de Zapatero y ocho de sus hijas
La resolución identifica seis cuentas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero: dos en Banco Santander, tres en CaixaBank y una en BBVA. En una de las cuentas de CaixaBank aparece como autorizado sobre un producto cuya titular es su esposa.
Alba Rodríguez Espinosa figura vinculada a cuatro cuentas repartidas entre Santander, CaixaBank y Openbank. Su hermana Laura aparece igualmente asociada a otras cuatro cuentas en Santander y CaixaBank.
La persona física con un mayor número de productos financieros bajo investigación es María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, con nueve cuentas distribuidas entre Santander, CaixaBank, ING, Deutsche Bank y EVO Banco.
El auto también reclama información sobre dos cuentas de Julio Martínez y sobre 32 productos bancarios pertenecientes a sociedades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Affita, Affita Capital, Pickashop, Zenzap y Mérida Capital.
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El juez busca comprobar el origen y destino del dinero
Calama ha autorizado las diligencias solicitadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal para determinar el “origen, trazabilidad y destino final” de los fondos. La información recabada hasta ahora procede, en buena medida, de datos tributarios aportados por los propios afectados, por lo que el magistrado considera necesario contrastarlos directamente con los bancos.
La investigación trata de esclarecer si los pagos recibidos por Zapatero y por la sociedad vinculada a sus hijas respondieron a servicios reales de asesoramiento, conferencias o intermediación, o si, como sospechan los investigadores, pudieron utilizarse para encubrir otro tipo de operaciones.
Estas hipótesis forman parte de una investigación todavía abierta y deberán ser confirmadas o descartadas a partir de los extractos, transferencias y documentación que entreguen las entidades financieras.
Las operaciones inmobiliarias, también bajo la lupa
El rastreo bancario busca igualmente aclarar varias operaciones patrimoniales. Entre ellas se encuentra la compra de una vivienda por parte de Zapatero y su esposa en febrero de 2024 por 580.000 euros.
La adquisición fue financiada mediante una hipoteca de 500.000 euros concedida por Banco Santander. Sin embargo, el préstamo fue cancelado anticipadamente once meses después mediante una transferencia de 498.000 euros.
El juez pretende determinar de qué cuentas salió ese dinero y comprobar si guarda relación con los ingresos profesionales y societarios que ya analiza la causa. La investigación examina también compras de inmuebles y operaciones efectuadas por la secretaria de Zapatero y por sociedades vinculadas a Julio Martínez.
Las entidades deberán remitir la documentación a través de sus interlocutores con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Con esta medida, Calama busca obtener una radiografía completa de los movimientos financieros y comprobar si existe relación entre las cuentas personales, las sociedades investigadas y las operaciones patrimoniales detectadas.