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Tres comunidades plantan cara a Sánchez y rechazan asumir el reparto de menores llegados a Ceuta
Los tres ejecutivos gobernados por PP-Vox aluden a su pacto de Gobierno para hacerlo y sostienen que la crisis debe ser resuelta por el Gobierno central. Además anuncian que acudirán a todas las vías legales y políticas para impedirlo.
Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos
La crisis migratoria de Ceuta llega hasta las Comunidades y abre un nuevo frente político entre el Gobierno y varias regiones de nuestro país. Aragón, Extremadura y Castilla y León han anunciado este martes que no aceptarán un futuro reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad autónoma y han defendido que corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez asumir las consecuencias de una situación que consideran fruto de su política migratoria. Son las primeras pero podrían ser más las que se vayan sumando a esta posición.
Las tres administraciones han coincidido en sostener que la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta no puede resolverse distribuyendo menores entre las CC.AA. Además, han explicado que utilizarán todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos a su alcance para frenar cualquier decisión que entiendan que invade sus competencias o compromete la capacidad de sus servicios públicos.
Aragón avisa de que no aceptará "nuevos repartos obligatorios"
El Gobierno de Aragón ha sido especialmente contundente al asegurar que el Ejecutivo central pretende solucionar "una crisis provocada por su fracaso en política migratoria mediante un reparto obligatorio de menores". Desde el Ejecutivo autonómico han dicho que Pedro Sánchez "no puede perder el control de la frontera y repartir después su incompetencia entre las comunidades autónomas".
El Gobierno aragonés ha explicado que la comunidad ya ha realizado un "enorme esfuerzo" en la atención a menores migrantes y ha señalado que su sistema de protección ha llegado a situarse por encima del 200 % de su capacidad estructural. Por ello, ha advertido de que no aceptará nuevas decisiones unilaterales que puedan saturar aún más esos servicios.
Asimismo, ha recordado que el pacto de gobierno entre PP y Vox ya contempla la oposición a este tipo de mecanismos y ha insistido en que corresponde al Estado controlar las fronteras, identificar a quienes han entrado, localizar a sus familias y promover tanto la reunificación familiar como el retorno seguro a sus países de origen.
Castilla y León y Extremadura se suman al rechazo aludiendo al acuerdo PP-Vox
La Junta de Castilla y León también ha mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Gobierno y ha reiterado que se opondrá "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto menores como mayores de edad. Desde la Vicepresidencia primera han recordado que esa posición figura expresamente en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox, que rechaza participar en reformas normativas o acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar la entrada, acogida o permanencia de inmigrantes ilegales en la comunidad.
En la misma línea se ha pronunciado la Junta de Extremadura, que ha explicado que también rechazará el reparto de menores migrantes no acompañados porque así lo recoge el pacto de gobierno entre PP y Vox.
Las tres comunidades coinciden así en responsabilizar al Gobierno central de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y defienden que sea el propio Ejecutivo quien asuma la respuesta a una situación que, según han dicho, no puede trasladarse a las autonomías mediante un reparto obligatorio de menores.