El CGPJ abre diligencias sobre el juez Peinado por una queja de Manos Limpias en pleno caso Begoña Gómez
El órgano de gobierno de los jueces examina una denuncia por el comportamiento del magistrado durante una vista judicial. El expediente no implica sanción alguna, pero añade presión sobre el instructor de una de las investigaciones con mayor impacto político.
El Juez Juan Carlos Peinado
El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado unas diligencias informativas para analizar la queja presentada contra el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La denuncia parte de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la investigación sobre Begoña Gómez, y se refiere al trato que, según sostiene el colectivo, dispensó el magistrado a uno de sus abogados durante una vista celebrada el pasado mes de junio.
Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que el origen del incidente se sitúa en un receso de la comparecencia en la que se debatía la apertura de juicio oral y la posible adopción de medidas cautelares. Durante esa pausa, la letrada de Manos Limpias solicitó autorización para abandonar la sede judicial con el fin de poder tomar un vuelo previamente programado. Para evitar que la acusación popular quedara sin representación, otro abogado del mismo equipo, que esperaba en los pasillos de Plaza de Castilla, pidió asumir la defensa en ese momento.
Según la versión recogida en la queja, el funcionario trasladó que el juez rechazaba el relevo, mientras el Letrado de la Administración de Justicia intentaba encontrar una solución. Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con el relato presentado por Manos Limpias, Juan Carlos Peinado habría elevado el tono y ordenado al abogado abandonar la sala de forma brusca, sin permitir que el LAJ terminara de exponer la situación.
El escrito, firmado por el abogado Víctor Soriano, considera que la actuación del magistrado supuso una falta de consideración hacia un profesional del Derecho y solicita al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ que estudie la apertura de un procedimiento sancionador. Corresponderá ahora a este órgano determinar si los hechos descritos presentan indicios suficientes para continuar la investigación o, por el contrario, archivar las actuaciones.
En cualquier caso, la apertura de diligencias informativas no supone que exista responsabilidad disciplinaria ni anticipa una eventual sanción. Se trata de una fase preliminar destinada exclusivamente a comprobar si existen elementos que justifiquen continuar con el expediente.
Un nuevo episodio en torno al juez del caso Begoña Gómez
La decisión del CGPJ vuelve a colocar a Juan Carlos Peinado en el centro de la actualidad judicial y política. El magistrado dirige una de las investigaciones más delicadas para el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, circunstancia que ha provocado continuos enfrentamientos entre el Ejecutivo y quienes defienden la actuación de los tribunales.
Desde que asumió la instrucción del denominado caso Begoña Gómez, distintas decisiones del juez han sido objeto de recursos por parte de la Fiscalía y de críticas procedentes de miembros del Gobierno, que en diferentes ocasiones han denunciado la existencia de una supuesta estrategia de persecución judicial o lawfare.
En este contexto, la existencia de unas diligencias disciplinarias, aunque se encuentren en una fase meramente informativa, adquiere una evidente dimensión política al afectar al instructor de una causa especialmente sensible para La Moncloa.
El PP insiste en defender la independencia judicial
En el Partido Popular interpretan este episodio desde la óptica de la separación de poderes. Fuentes de la dirección nacional sostienen que cualquier actuación del órgano de gobierno de los jueces debe desarrollarse con plena independencia y recuerdan que el procedimiento abierto únicamente pretende aclarar los hechos denunciados.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en un acto en 2023-
Los populares consideran que la transparencia en este tipo de actuaciones fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales y rechazan que las investigaciones que afectan al entorno del presidente puedan verse condicionadas por el debate político.
La dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo mantiene su discurso de respaldo a la independencia de los tribunales y evita pronunciarse sobre el fondo del expediente mientras el Promotor de la Acción Disciplinaria no adopte una decisión definitiva.
También dirigentes territoriales del partido han respaldado esa posición, insistiendo en que cualquier valoración deberá esperar al resultado del procedimiento abierto por el CGPJ y defendiendo que las resoluciones judiciales deben analizarse únicamente desde criterios técnicos y jurídicos.
Pendiente de la decisión del Promotor Disciplinario
El futuro de estas diligencias dependerá ahora del análisis que realice el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Si aprecia indicios de una posible infracción, podrá acordar la apertura de un expediente disciplinario. Si entiende que los hechos no revisten relevancia suficiente, el asunto quedará archivado.
Mientras tanto, la investigación del caso Begoña Gómez continúa su curso con normalidad y la situación del juez Peinado seguirá siendo objeto de atención tanto en el ámbito judicial como en el político, donde la defensa de la independencia de los jueces continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno y la oposición.