Ana Redondo activa un control semestral para vigilar que las medidas se cumplan en todas las autonomías

El Ministerio de Igualdad ha decidido dar un paso más en el seguimiento de las políticas contra la violencia de género con la implantación de un mecanismo de control destinado a comprobar que las medidas acordadas en los comités de crisis llegan realmente a aplicarse.

La ministra Ana Redondo ya ha remitido a todos los organismos implicados un documento que reúne 74 recomendaciones organizadas en nueve grandes bloques temáticos. Además, ha establecido una evaluación con carácter semestral para comprobar el nivel de ejecución de cada una de ellas, según ha confirmado el Gobierno.

Los comités de crisis, coordinados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se convocan tras cada asesinato machista con el objetivo de estudiar en profundidad lo sucedido e identificar posibles fallos en los sistemas de prevención y protección. En estas reuniones participan representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Sanidad, además de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y todas las comunidades autónomas.

El propósito es obtener conclusiones que permitan mejorar la respuesta institucional, actualizar protocolos y reforzar la atención a las víctimas para evitar nuevos casos.

Fruto de ese trabajo se ha elaborado un documento que reúne las 74 recomendaciones, distribuidas en nueve áreas de actuación. Cada propuesta incorpora el organismo responsable de llevarla a cabo, con el fin de que exista una identificación clara de las obligaciones de cada administración.

Entre los ámbitos contemplados figuran la sensibilización social, las campañas de prevención, la formación de profesionales, la coordinación entre administraciones, las actuaciones en el sistema educativo, la mejora de la atención integral a las víctimas, el funcionamiento del sistema judicial y la evolución del sistema VIOGEN.

El Ministerio ya ha solicitado a todos los participantes que informen periódicamente del grado de desarrollo de las medidas que les corresponden. La intención es evitar que las decisiones adoptadas en estos comités queden sin continuidad o sin una verificación efectiva de su aplicación.

El nuevo modelo también pone el acento en la capacitación de los distintos colectivos profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género. Entre ellos figuran jueces y magistrados, abogados, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencias.

En el ámbito educativo, las recomendaciones buscan reforzar las acciones de prevención y concienciación entre los menores para impedir la normalización de conductas violentas. Asimismo, en materia asistencial se apuesta por una mayor coordinación entre las instituciones que atienden a mujeres con situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente aquellas que sufren múltiples formas de violencia o cuentan con varios agresores.

El documento también incorpora medidas para perfeccionar el funcionamiento de VIOGEN y de otros sistemas autonómicos de protección, además de propuestas relacionadas con la interseccionalidad y las circunstancias específicas que afectan a determinados perfiles de víctimas.

Desde el punto de vista político, la iniciativa refuerza uno de los principales ejes del discurso del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE: presentar la lucha contra la violencia machista como una política de Estado basada en la cooperación institucional y la rendición de cuentas.

Con este sistema de supervisión, Ana Redondo pretende garantizar que las actuaciones acordadas no se limiten al plano teórico, sino que tengan un reflejo real sobre el terreno. En Ferraz consideran que este mecanismo también permitirá responder a las críticas de la oposición, que en numerosas ocasiones ha cuestionado la falta de ejecución de algunas iniciativas impulsadas en materia de igualdad.

La puesta en marcha del seguimiento obligará igualmente a las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el PSOE o con presencia socialista, a acreditar el cumplimiento de las recomendaciones. Territorios como Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña, a través del PSC, deberán demostrar que sus protocolos y sistemas de protección se ajustan a los criterios fijados por el Ministerio.

El control periódico se convertirá así en un indicador para evaluar el grado de aplicación de estas políticas en cada territorio y permitirá identificar tanto los avances como los posibles retrasos en su implantación.

La medida también puede incrementar la confrontación política con el PP y Vox. Algunos ejecutivos autonómicos dirigidos por los populares ya habían expresado sus reservas sobre la financiación y utilidad de los comités de crisis. Ahora, con un sistema de evaluación periódica, el Ministerio dispondrá de una herramienta para señalar el nivel de cumplimiento de cada comunidad autónoma y presentar resultados concretos en futuras comparecencias parlamentarias.