Inma Sanz destapa la contradicción del PSOE tras su denuncia por el ático de Ayuso
La vicealcaldesa de Madrid denuncia que los socialistas quieran personarse ahora en una causa judicial pese a haber promovido una reforma para impedir que los partidos políticos puedan ejercer como acusación popular en los tribunales
El ministro de Transformación Digital, Óscar López
Inma Sanz ha encontrado la costura más incómoda de la ofensiva del PSOE contra Isabel Díaz Ayuso por la compra del polémico ático de Chamberí. Los socialistas anuncian que se personarán en la causa mientras mantienen registrada una reforma destinada precisamente a impedir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular.
“Yo pensé que el PSOE estaba en contra de la acusación popular y de la acusación particular, pero ahora parece que para este caso no lo está”, ironizó la vicealcaldesa de Madrid. Para Sanz, el movimiento constituye una nueva demostración de la “hipocresía del PSOE y de la izquierda”.
La crítica tiene detrás un antecedente difícil de esquivar. En enero de 2025, el Grupo Socialista presentó en el Congreso una proposición de ley para combatir las llamadas “acciones judiciales abusivas”. Entre sus medidas figuraba la prohibición expresa de que los partidos políticos y sus organizaciones vinculadas pudieran ejercer la acusación popular.
Ahora, el PSOE madrileño quiere intervenir en el procedimiento abierto por la compra del inmueble realizada por Planifica Madrid. Óscar López anunció que su formación se personará como acusación, aunque corresponderá al juez determinar bajo qué figura procesal puede hacerlo y cuál será el alcance de su participación.
La Sección de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias previas después de recibir una primera denuncia de Iustitia Europa. La Fiscalía le ha remitido posteriormente otras cuatro: la presentada por los socialistas y tres formuladas por particulares. Ese traslado no supone que el Ministerio Público respalde las acusaciones, sino que evita mantener investigaciones paralelas sobre los mismos hechos.
La denuncia del PSOE se dirige contra el consejo de administración de Planifica Madrid por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. Hasta ahora, no consta que Ayuso tenga la condición formal de investigada en el procedimiento.
La empresa pública adquirió en abril el inmueble de 485 metros cuadrados por 6,3 millones de euros. El Gobierno regional sostuvo que iba a destinarse temporalmente a dependencias de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos y niega que se comprara como vivienda particular para Ayuso.
La falta de licencia para utilizarlo como oficina y las explicaciones ofrecidas sobre la operación alimentaron la controversia. Planifica Madrid ha decidido ponerlo a la venta por 6,69 millones y destinar los ingresos, junto a los obtenidos por otros inmuebles, a la reconstrucción de la Sierra Oeste.
La Justicia deberá aclarar si existieron irregularidades. Pero una investigación no equivale a una condena, ni convierte automáticamente a Ayuso en investigada. Mientras llega esa respuesta, el PSOE tendrá que explicar por qué la acusación popular le parece abusiva cuando afecta a los suyos y conveniente cuando el objetivo político está enfrente.