Bruselas respalda la reforma del Congreso que permitió retirar la acreditación a Vito Quiles y Brentrand Ndongo
Bruselas respalda el nuevo sistema de acreditaciones del Congreso mientras PP y Vox mantienen sus críticas y denuncian que la Mesa utiliza la regulación para limitar la actividad de determinados comunicadores. La suspensión de Vito Quiles y Ndongo culmina una cadena de expedientes y abre un nuevo debate sobre los límites entre la libertad de prensa y el respeto a las normas parlamentarias.
Vito Quiles.
La regulación de los periodistas que cubren la actividad del Congreso ha dado un nuevo paso tras la reforma aprobada en julio de 2025. El cambio introdujo por primera vez un marco específico de acreditación y unas reglas de comportamiento destinadas a ordenar la cobertura informativa dentro de la Cámara.
La Mesa concretó posteriormente las condiciones de acceso y actuación de los profesionales acreditados. Entre otras cuestiones, estableció que no se puede abordar a una persona mientras se utiliza un equipo de grabación sin contar previamente con su autorización y prohibió determinadas formas de grabación engañosa mediante dispositivos móviles.
El nuevo régimen contempla como infracciones muy graves comportamientos como los insultos, las descalificaciones, las grabaciones ocultas o la difusión de imágenes que puedan vulnerar la intimidad. Unas normas que han adquirido especial relevancia después de los expedientes abiertos a Vito Quiles y Ndongo y de la posterior suspensión indefinida de sus acreditaciones.
La decisión adoptada por la Mesa el 13 de mayo de 2026 llegó después de diferentes actuaciones y denuncias. En el caso de Quiles, acreditado como redactor literario y sin autorización para grabar vídeo, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) presentó una denuncia después de que grabara al presidente Pedro Sánchez en un pasillo próximo a la Sala Constitucional.
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A este episodio se añadió otro enfrentamiento con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, además de las quejas formuladas por el PSOE y Podemos.
La situación de Ndongo también acumuló varios incidentes. Entre ellos figura la denuncia presentada por Sumar después de que interrumpiera una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez.
El caso llegó además al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que apreció la existencia de conductas de obstrucción y violencia verbal. Sus conclusiones tuvieron un peso relevante en la decisión posterior de la Cámara.
El respaldo de Bruselas
El elemento que añade una nueva dimensión política a la polémica es el respaldo que la Comisión Europea recoge en el capítulo español de su Informe sobre el Estado de derecho de 2026.
Bruselas señala que el nuevo sistema “fue generalmente bien recibido por las partes interesadas”, en referencia a organizaciones del ámbito periodístico y parlamentario que habían reclamado durante meses una regulación más clara.
Entre ellas se encuentran la APP y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que habían defendido la necesidad de establecer límites ante determinadas conductas desarrolladas por personas acreditadas como periodistas.
La Comisión Europea vincula además la reforma con la protección del derecho a recibir información veraz y con el adecuado funcionamiento del Parlamento. El informe no califica la reforma de censura ni cuestiona las nuevas reglas adoptadas por el Congreso.
PP y Vox mantienen su rechazo
La posición de Bruselas contrasta con la mantenida por PP y Vox. Ambos partidos votaron en contra de la reforma del Reglamento en julio de 2025 y posteriormente han criticado las decisiones adoptadas por la Mesa.
Bertrand Ndongo, Vito Quiles y Gabriel Rufián
Las dos formaciones han acusado a la mayoría parlamentaria de utilizar las nuevas normas para restringir la actividad de determinados comunicadores y han presentado las suspensiones como una cuestión relacionada con la libertad de prensa.
El respaldo comunitario introduce ahora un nuevo elemento en esa disputa. Para el PSOE y sus socios, la decisión demuestra que establecer normas de comportamiento dentro del Congreso no equivale a limitar el periodismo, sino a garantizar que la actividad informativa se desarrolle respetando unas reglas comunes.
El precedente para otros parlamentos
La reforma también puede tener consecuencias más allá del Congreso. La creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria dota a la Cámara de un órgano específico para abordar conflictos relacionados con la cobertura informativa, una herramienta que organizaciones profesionales venían reclamando.
En el ámbito autonómico, el precedente podría ser observado con atención por los parlamentos de comunidades gobernadas por el PSOE. La utilización de las redes sociales para difundir contenidos y ejercer presión sobre representantes públicos ha incrementado el debate sobre cómo compatibilizar la libertad de información con la protección de la actividad parlamentaria.
El Periodista Bertrand Ndongo
La cuestión de fondo queda así planteada: dónde termina la libertad de prensa y dónde empiezan los límites necesarios para garantizar el normal funcionamiento de una institución democrática.
Con el respaldo recogido en el informe europeo, la mayoría del Congreso encuentra un argumento adicional para defender su reforma. Para PP y Vox, en cambio, la controversia sigue abierta y gira en torno a si las nuevas reglas protegen realmente la actividad parlamentaria o si pueden convertirse en un mecanismo para apartar a determinados comunicadores.