JUCIL acusa al Gobierno de 'desmantelar' la Guardia Civil en Cataluña bajo la etiqueta de la "optimización"

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha elevado este jueves el tono contra la política del Ministerio del Interior en Cataluña. La organización sostiene que el Gobierno está llevando a cabo un “desmantelamiento progresivo” de la Guardia Civil en la comunidad mientras presenta los cambios como una simple “optimización de recursos” o una “reorganización de unidades”.

La denuncia parte de la respuesta remitida por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) después de que JUCIL solicitara explicaciones sobre la situación del cuerpo. Según la asociación, esa documentación confirma la desaparición o reorganización de diferentes unidades y evidencia una pérdida de presencia territorial y capacidad operativa de la Guardia Civil.

Uno de los principales focos de la polémica está en el SEPRONA. JUCIL asegura que está previsto cerrar patrullas en Puigcerdà, Ponts y La Pobla de Segur, en Lleida, y Falset, en Tarragona, precisamente en un momento marcado por los incendios forestales. La organización cifra en más de 4.500 las hectáreas calcinadas en Cataluña en lo que va de 2026 y considera especialmente grave reducir la presencia de especialistas medioambientales en zonas rurales y de montaña.

La contestación a estos cierres, además, no procede únicamente de la asociación. La propia nota de JUCIL señala que responsables políticos e instituciones de la comarca de La Cerdanya, incluidos sectores independentistas, han reclamado mantener la presencia de la Guardia Civil y la cobertura del SEPRONA en el territorio.

El repliegue denunciado alcanza también a unidades altamente especializadas. JUCIL da por confirmada la supresión del GEAS —o Unidad de Actividades Subacuáticas— de L'Estartit y del GEDEX de Tarragona, dedicado a la desactivación de explosivos. Interior plantea integrar o centralizar determinadas capacidades en otros núcleos, pero la asociación sostiene que esa fórmula puede incrementar los tiempos de respuesta y dejar zonas estratégicas con menor cobertura.

Especial inquietud genera el caso de L'Estartit. La unidad subacuática funciona desde 1998 y participa en rescates, búsquedas de desaparecidos, vigilancia del medio marino, protección del patrimonio subacuático y operaciones contra actividades ilícitas. En junio de 2026, efectivos de L'Estartit y Barcelona participaron en la búsqueda de un menor desaparecido en la bahía de Roses.

La decisión de centralizar estos efectivos en Barcelona ha provocado preocupación en distintos municipios del litoral gerundense ante las consecuencias que podría tener para intervenciones en puntos como las Illes Medes, el Cap de Creus o el Baix Empordà. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, llegó a solicitar por carta a la directora general de la Guardia Civil que se paralizara el cierre de la unidad.

JUCIL también denuncia falta de transparencia en otro de los puntos que considera fundamentales: el número real de puestos de la Guardia Civil existentes en Cataluña y su grado efectivo de ocupación. Según la asociación, el Ministerio no ha facilitado datos concretos y pormenorizados sobre el catálogo de puestos, mientras el Estado Mayor habría reconocido no disponer de constancia formal de que las actas de determinadas Juntas de Seguridad entre Interior y la Generalitat sean remitidas a la Dirección General del cuerpo.

El último frente señalado por la organización apunta directamente a puertos y aeropuertos. Aunque la Administración mantiene que “no consta” un traspaso de esas competencias a los Mossos d'Esquadra, JUCIL asegura que cobra fuerza la posibilidad de que la cesión comience a ejecutarse a partir del próximo mes de noviembre. La asociación advierte de que permanecerá pendiente de cualquier nuevo movimiento que pueda reducir las funciones de la Guardia Civil en Cataluña.