Óscar López esconde la temporalidad pública que desmonta el escaparate de Yolanda Díaz
Mientras Trabajo presume de reducir la contratación eventual privada al 12,3%, casi un millón en las administraciones siguen encadenados a contratos provisionales y Bruselas retiene 627 millones por incumplir el objetivo del 8%
La temporalidad entre los funcionarios congela más de 600 millones de fondos europeos
En la empresa privada, la temporalidad es una lacra. Cuando el empleador es la Administración, en cambio, parece convertirse en una cuestión de método estadístico. El departamento que dirige Óscar López prepara nuevas medidas mientras intenta convencer a Bruselas de que el problema afecta a menos de 200.000 trabajadores, aunque España mantiene cerca de un millón de empleados públicos temporales.
La última Encuesta de Población Activa sitúa la temporalidad en las administraciones alrededor del 27%, con unos 997.000 afectados. Es más del doble del 12,3% registrado en el sector privado y todavía queda a años luz del 8% que la Ley 20/2021 fijó como objetivo. De todos ellos, 670.200 son mujeres. Dos de cada tres en el cacareado "Gobierno más feminista de la historia".
El propio Óscar López había anticipado la operación estadística desde la tribuna del Congreso. Prometió ofrecer la “cifra real”, restringió el abuso a quienes llevan más de tres años encadenando contratos y aventuró que serían “muchos menos de los que piensan”. El recuento conocido ahora, por debajo de 200.000, cumple aquel pronóstico: ya no se cuentan todos los temporales, sino únicamente quienes superan el umbral elegido por Función Pública.
El escaparate de Yolanda Díaz
La pirueta resulta especialmente llamativa al compararla con el triunfalismo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta y líder de Sumar ha convertido la reducción de la temporalidad privada en una de las grandes medallas de su reforma laboral. Trabajo llegó a presumir de haberla rebajado al 12,4% y de incorporar tres millones de trabajadores indefinidos.
La reforma de Díaz también introdujo reglas para el personal laboral público, aunque los funcionarios interinos quedaron sujetos principalmente a la ley de estabilización aprobada el mismo 28 de diciembre de 2021. Son instrumentos diferentes, pero pertenecen al mismo Gobierno: el que exige estabilidad a las empresas conserva en sus propias administraciones una tasa superior al doble.
La situación es todavía más delicada en los servicios que sostienen las comunidades autónomas. El propio ministerio reconoce porcentajes del 49% en Educación y del 43% en Sanidad. CSIF reclama “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” contra los responsables que continúen cubriendo necesidades estructurales mediante contratos temporales.
Bruselas no compra la cuenta
El cambio estadístico tampoco ha convencido todavía a Europa. La Comisión mantiene suspendidos 626,6 millones del Plan de Recuperación porque España no ha implantado medidas suficientemente eficaces para impedir y sancionar los abusos. El plazo concedido expiró en enero y el Ejecutivo ha solicitado una prórroga hasta marzo de 2027.
El Tribunal de Justicia de la UE también ha considerado insuficientes soluciones como convertir al afectado en indefinido no fijo, porque eso mantiene la precariedad. Mientras tanto, López plantea sistemas de alerta y sanciones para los gestores, pero aún están negociándose. El problema no ha desaparecido: simplemente cabe mejor en el PowerPoint que España quiere enviar a Bruselas.