Ceuta investiga la okupación irregular de viviendas públicas por migrantes a raíz de las denuncias de vecinos y manda un aviso
El Ejecutivo ceutí ha confirmado que investiga varios casos trasladados directamente por vecinos, especialmente en Loma Colmenar. La Ciudad analizará también si adjudicatarios han cedido los inmuebles a terceros y advierte de sanciones, resolución de contratos y desahucios si se acreditan las irregularidades.
El portavoz del Gobierno de Ceuta Alejandro Ramírez.
Las consecuencias de la crisis migratoria siguen aflorando en Ceuta semanas después de la entrada masiva de personas registrada en julio. El Gobierno de la Ciudad Autónoma tiene constancia de que personas migrantes en situación irregular están ocupando viviendas de titularidad pública, una situación que ha sido denunciada directamente por vecinos y que ya está siendo analizada por los servicios municipales.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha confirmado este martes la existencia de estos avisos y ha explicado que se concentran especialmente en Loma Colmenar, donde residentes de la barriada han trasladado a la Ciudad que determinadas viviendas públicas estarían siendo utilizadas por personas que no tienen derecho a ocuparlas.
"Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos", ha dicho Ramírez, que ha avanzado que el área de Vivienda ya ha comenzado a trabajar para esclarecer qué está ocurriendo en cada uno de los inmuebles señalados.
La situación salió a la luz durante una reunión entre el Gobierno local y vecinos de Loma Colmenar para tratar la posible utilización de una parcela de embolsamiento como espacio destinado a la acogida de migrantes. Los residentes aprovecharon el encuentro para poner encima de la mesa otra de sus preocupaciones: la situación de determinadas viviendas públicas de la zona.
El Ejecutivo ceutí ha decidido actuar y comprobar caso por caso las denuncias recibidas. El objetivo es determinar tanto si existen ocupaciones irregulares como si detrás de algunas de ellas se encuentra la cesión de los inmuebles por parte de quienes tienen adjudicadas legalmente esas viviendas.
Ceuta analizará cada vivienda y advierte de desahucios
Ramírez ha explicado que la Ciudad llevará a cabo un análisis de las viviendas públicas sobre las que pesan sospechas. No se investigará únicamente si están siendo ocupadas por personas sin derecho a hacerlo, sino también si sus adjudicatarios han podido cederlas a terceros incumpliendo las condiciones establecidas en sus contratos de arrendamiento.
En este segundo supuesto, la respuesta anunciada por el Gobierno ceutí es contundente. Si las comprobaciones acreditan que un adjudicatario ha entregado o permitido utilizar su vivienda a terceras personas de manera irregular, la Ciudad procederá contra el titular del contrato. "Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio", ha explicado el portavoz.
Por tanto, quienes hayan cedido irregularmente una vivienda pública se enfrentan a la posibilidad de perder el contrato y a un posterior procedimiento de desahucio, además de las medidas sancionadoras que puedan corresponder.
Ramírez ha señalado que los servicios jurídicos municipales ya han confirmado que los contratos de arrendamiento contemplan expresamente su resolución cuando se producen incumplimientos de estas características. "Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato", ha advertido.
Los vecinos ponen el problema en conocimiento de la Ciudad
El Gobierno ceutí pretende así actuar en los dos frentes que pueden estar detrás de los casos denunciados: las posibles ocupaciones irregulares de inmuebles públicos y las eventuales cesiones realizadas por sus propios adjudicatarios para permitir que otras personas residan en ellos sin cumplir las condiciones exigidas.
Por el momento, la Ciudad no ha concretado cuántas viviendas pueden encontrarse en esta situación. Lo que sí ha confirmado es que los avisos existen y proceden directamente de vecinos, que han trasladado sus sospechas al Ejecutivo local.
El episodio supone un nuevo problema que debe afrontar Ceuta después de la crisis migratoria vivida durante el pasado mes de julio. Mientras el Gobierno central sostiene que la situación ha vuelto a la normalidad, el Ejecutivo de la ciudad sigue gestionando las consecuencias que están apareciendo sobre el terreno, ahora también en unas viviendas públicas cuya utilización debe ajustarse a las condiciones establecidas para sus adjudicatarios.
