La izquierda mediática encuentra otro 'escándalo' de Ayuso: vive de alquiler y tiene piscina

Hay noticias que obligan a sentarse, y hasta a darse unos vahos, antes de seguir leyendo. Isabel Díaz Ayuso se ha alquilado un piso. Y no uno cualquiera: tiene tres dormitorios, está en una buena zona de Madrid y, ¡los vahos, los vahos!, la urbanización dispone de piscina. El País y El Plural han considerado que semejante despliegue inmobiliario merecía convertirse en noticia. El segundo, directamente, lo presenta como “EXCLUSIVA”. En mayúsculas. Que se note.

La tremenda revelación tiene, sin embargo, un pequeño problema para convertirse en escándalo: la vivienda es privada, Ayuso vive de alquiler y lo paga de su bolsillo. No hay residencia oficial, factura enviada a la Comunidad de Madrid ni contribuyente sufragando el chapuzón. La retribución pública de la presidenta madrileña asciende a 103.090,32 euros brutos anuales y, con ese dinero, ha decidido alquilar dónde vivir. Extravagancias de mujer económicamente independiente.

La exclusiva ni siquiera desvela cuánto paga realmente. El Plural estima el alquiler entre 1.920 y 2.230 euros mensuales y El País calcula entre 2.500 y 3.000 para una vivienda de esas características. Son estimaciones de mercado, no la cifra de su contrato. Eso sí, ambos consideran relevante que haya garaje y piscina; El Plural llega incluso a publicar una fotografía parcial de esta última. Y tiene agua, según se aprecia. 

Resulta curioso que una parte de la izquierda que lleva décadas reivindicando —con toda la razón— la autonomía personal y económica de las mujeres descubra ahora material sospechoso en que una mujer soltera, adulta y con sueldo propio elija la casa que le apetece y pague la factura. Si además puede darse un baño sin salir de la urbanización, parece que la cosa adquiere ya tintes de escándalo mayúsculo. 

Cuando la casa sí la pagan los demás

La curiosidad resulta todavía mayor al comparar semejante despliegue con otro mercado inmobiliario bastante menos privado. Doce miembros del Gobierno de Pedro Sánchez utilizan viviendas oficiales de titularidad estatal, con mantenimiento y otros gastos asociados sufragados por el erario. Algunas superan ampliamente los 200 y 300 metros cuadrados y la mayor ronda los 443. Ayuso, en cambio, no dispone de residencia oficial.

Eso sí constituye información fiscalizable porque ahí aparece el dinero del contribuyente. Cuando un gobernante duerme en un inmueble público, resulta perfectamente legítimo preguntar cuánto cuesta, qué gastos genera y quién los asume. Cuando firma un alquiler privado y paga la mensualidad con su salario, el interés público resulta bastante más difícil de encontrar, por muchas habitaciones que tenga la casa. Incluso aunque tenga piscina.

Y queda además una cuestión menos divertida. Convertir en objeto de investigación el domicilio particular de un cargo público obliga a extremar las precauciones. El Plural asegura que evita determinados detalles para no comprometer su ubicación, aunque identifica la zona, describe las características de la urbanización y muestra parte de sus instalaciones. El País aporta también numerosos detalles sobre el complejo residencial.

Fiscalizar a Isabel Díaz Ayuso, como a cualquier gobernante, no sólo es legítimo: es obligación del periodismo. Investigar contratos públicos, patrimonio declarado, posibles conflictos de intereses o cualquier euro del contribuyente que pueda estar en juego forma parte del oficio. Otra cosa es convertir en noticia dónde decide vivir una persona cuando no aparece dinero público ni irregularidad alguna.

De momento, por tanto, esto es lo que sabemos: Ayuso se ha alquilado una vivienda, la paga ella, tiene tres habitaciones y hay una piscina comunitaria. A falta de escándalo, siempre nos quedará esperar a ver si nos invita a un chapuzón.