crisis migratoria de ceuta
Sánchez y Bolaños dejan a Ceuta a su suerte: solo ocho fiscales para afrontar una crisis migratoria que los desborda
La Fiscalía de Ceuta reclama al Ministerio de Justicia refuerzos urgentes. Solo hay ocho fiscales efectivos, el servicio de guardia ya se ha duplicado y la bolsa de sustitutos ha quedado desierta
Imagen generada con IA de Pedro Sánchez, Félix Bolaños y los 8 fiscales desbordados por la crisis migratoria de Ceuta
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta no solo está tensionando las calles y los servicios de la ciudad autónoma. También está llevando al límite a la Justicia, que afronta un volumen extraordinario de trabajo sin que, por ahora, los medios disponibles estén a la altura de la situación.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Ministerio de Justicia un refuerzo urgente de la Fiscalía de Ceuta, donde únicamente hay ocho fiscales efectivos para hacer frente a una carga de trabajo que, según denuncia la propia asociación, "desborda la capacidad ordinaria" del órgano.
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El dato da una idea de la dimensión del problema: en determinadas jornadas se llegan a realizar alrededor de 200 entrevistas diarias a personas que manifiestan ser menores de edad dentro de los procedimientos de determinación de edad. Una situación que ya ha obligado a duplicar el servicio de guardia y que la UPF considera que hace necesario llegar a triplicarlo.
La asociación vincula este incremento de actividad a la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, un episodio que dejó 83 fallecidos y que ha multiplicado las actuaciones que deben asumir los fiscales en la ciudad autónoma.
El problema no se limita a los procedimientos de determinación de edad. Los fiscales ceutíes también tienen que hacer frente a guardias reforzadas y a actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Ante esta situación, la UPF considera insuficientes los medios actuales y reclama al Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, que actúe con urgencia. Entre sus principales peticiones está la creación de un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, que permita atender las numerosas entrevistas sin depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales.
La asociación reclama además que se habiliten los mecanismos necesarios para que fiscales voluntarios de otros puntos de España puedan desplazarse temporalmente a Ceuta, después de que la bolsa de fiscales sustitutos haya quedado desierta.
Es decir, ante una situación extraordinaria que está multiplicando el trabajo de los juzgados y de la Fiscalía, la solución que se plantea pasa por poner más medios humanos a disposición de quienes están sobre el terreno.
"La crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos", sostiene la UPF.
La Justicia también paga el precio de la crisis migratoria
La petición pone negro sobre blanco una consecuencia más de la crisis que vive Ceuta: el sistema judicial está teniendo que absorber una carga de trabajo extraordinaria mientras sus efectivos siguen siendo limitados.
La UPF ha querido reconocer el esfuerzo de los fiscales y del personal de la Fiscalía de Ceuta, así como el trabajo realizado en el ámbito de la Violencia sobre la Mujer. Pero advierte de que este esfuerzo no puede convertirse en la forma habitual de funcionamiento ni servir para normalizar el sobresfuerzo de los profesionales.
Por ello, reclama que, una vez superada la crisis, el trabajo desarrollado por estos funcionarios reciba un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado.
La asociación también recuerda que la emergencia no puede suponer una merma de las garantías jurídicas de los menores, de las posibles víctimas de trata o violencia sexual ni de quienes puedan necesitar protección internacional. La respuesta a la situación, sostiene, puede obligar a adaptar el funcionamiento de las instituciones, pero no puede modificar el estatuto jurídico de las personas.
Reclaman una respuesta urgente al Ministerio de Justicia
La UPF pide finalmente a la Fiscalía General del Estado que mantenga una monitorización permanente de las necesidades de Ceuta y una interlocución directa con la Fiscalía del territorio. Al mismo tiempo, reclama al Ministerio de Justicia que atienda "con la máxima celeridad" las necesidades que se están trasladando desde el Ministerio Fiscal.