La Fiscalía de nuevo al rescate de Sánchez: toma parte en favor del Gobierno con el reparto de menores y el PP exige "neutralidad"

La Fiscalía General del Estado ha decidido entrar en pleno choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta. La fiscal general, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con instrucciones para los fiscales y ha dejado por escrito cómo deberán proceder cuando una autonomía rechace o retrase la recepción de alguno de los menores que le sean asignados.

La decisión llega como saben en un momento especialmente delicado en Ceuta con la situación de estos menores y cuando varias comunidades gobernadas por PP y Vox han mostrado sus reticencias ante una eventual acogida. La Fiscalía, sin embargo, no menciona expresamente en su comunicación la crisis vivida en la ciudad autónoma.

Peramato ha establecido una serie de pautas destinadas, según ha explicado la propia Fiscalía, a "garantizar" la protección de todos los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España en una situación de contingencia migratoria extraordinaria.

El decreto concreta qué deberá suceder cuando aparezcan obstáculos en el destino elegido para uno de esos menores. Si una comunidad autónoma rechaza o "muestra reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva", el fiscal del territorio de origen tendrá que comunicarlo al fiscal del lugar al que haya sido destinado el menor. Esa comunicación deberá incluir tanto la resolución de reubicación y traslado como las alegaciones utilizadas para rechazar o retrasar su ejecución.

La Fiscalía ha explicado que las instrucciones afectan a los fiscales delegados de menores tanto de los territorios de origen como de destino implicados en los traslados. El objetivo que esgrime el Ministerio Público es asegurar el bienestar de los menores y garantizar que reciban una protección adecuada.

El PP acusa a la Fiscalía de salir "al auxilio" del Gobierno

La reacción del PP no se ha hecho esperar. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado que la Fiscalía ponga ahora el foco sobre las comunidades y le ha recordado que su función es defender la legalidad y el interés superior de los menores, no "salir al auxilio del Gobierno" ante las consecuencias de lo que los populares consideran sus propios incumplimientos.

Fuentes del partido han reclamado además a la Fiscalía que no olvide su deber de neutralidad y han exigido que muestre la misma diligencia a la hora de reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cumplimiento de sus obligaciones que la que ha mostrado ahora para advertir a las autonomías. El PP sostiene que existen cuestiones que deberían aclararse antes de señalar a los gobiernos regionales. Para ello, los populares se remiten al Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados, suscrito por la propia Fiscalía General del Estado.

Según ha recordado el partido, este protocolo atribuye al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar las pruebas médicas necesarias para determinar la edad cuando se localiza a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad.

Por este motivo, el PP considera que la Fiscalía debería explicar primero cuál es la situación real de los menores llegados durante la crisis migratoria de Ceuta: cuántos tienen ya determinada su edad, cuántos expedientes han sido incoados, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos casos continúan pendientes. El debate afecta ya a un número considerable de menores. Aunque todavía no existe una cifra definitiva, la Policía Nacional ha recabado hasta el momento los datos de 1.342 niños y adolescentes llegados solos a Ceuta.

Los populares han insistido, además, en que no existe ninguna "rebelión" por parte de las comunidades autónomas. Su posición, han asegurado, pasa por garantizar la protección de los menores y mostrar solidaridad con Ceuta, pero también por exigir cooperación entre administraciones y que todas ellas cumplan las obligaciones que les corresponden. "Que la ley se aplique a todos por igual" es el planteamiento que defienden desde el PP frente a las advertencias lanzadas desde la Fiscalía.

El Gobierno quiere comenzar los traslados "en pocas semanas"

Mientras aumenta el enfrentamiento político e institucional sobre el reparto, el Gobierno ya prepara las primeras salidas desde Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha adelantado este viernes desde la ciudad autónoma que espera comenzar las reubicaciones hacia la Península en "pocas semanas". Rego ha situado en esos ya mencionados 1.342 el número de menores que la Policía Nacional ha censado hasta el momento, aunque ha advertido de que la cifra seguirá aumentando a medida que avance el proceso de identificación.

La ministra ha anunciado también una partida presupuestaria destinada a financiar lo que el Ejecutivo define como una acogida "solidaria y vinculante". Para ponerla en marcha, el Gobierno convocará la próxima semana una Comisión Sectorial de Infancia y celebrará una Conferencia Sectorial de Infancia a finales de agosto.

"La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas", ha explicado Rego. El Ejecutivo también enviará a Ceuta, a partir del próximo 16 de agosto, un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia que permanecerá allí de forma estable para acelerar los procedimientos de acogida y traslado.

La propia ministra ha reconocido que, pese a algunas voces de su propio Gobierno que afirman que la ciudad ha vuelto a la normalidad, la situación que atraviesa Ceuta es "compleja y muy complicada" y ha admitido que existe un escenario de "cierto desborde" debido al volumen de llegadas. Ese colapso está obligando a buscar nuevos espacios sobre la marcha. Este mismo viernes se ha habilitado un segundo colegio público para alojar a menores y, según ha explicado Rego, las administraciones continúan trabajando para poner en funcionamiento más instalaciones.