El Supremo no fuerza aún a los ministros a acudir al Senado y da diez días al Gobierno
La Sala de Vacaciones descarta las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP al no apreciar especial urgencia, pero mantiene abierta la batalla judicial y concede al Ejecutivo diez días para presentar alegaciones antes de resolver sobre las cautelares ordinarias
Fachada del Tribunal Supremo
Ni victoria definitiva del Gobierno ni portazo judicial al PP. El Tribunal Supremo ha rechazado este sábado obligar de manera inmediata a varios ministros de Pedro Sánchez a comparecer en el Senado para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, pero la batalla sobre los sucesivos plantones del Ejecutivo a la Cámara Alta continúa abierta.
La Sala de Vacaciones ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por tres senadores populares dentro del recurso contencioso-administrativo presentado por el PP. Los populares pretendían que el Supremo obligara al Gobierno, en un plazo máximo de 24 horas, a facilitar las comparecencias antes de que terminara agosto.
El Alto Tribunal no aprecia, sin embargo, la «especial urgencia» necesaria para adoptar una decisión de semejante calibre sin escuchar previamente al Ejecutivo. Y deja además un argumento bastante incómodo para los populares: no considera suficientemente justificado que el control parlamentario pierda su eficacia por no celebrarse necesariamente durante este periodo extraordinario de agosto.
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Eso sí, el Supremo no ha rechazado el recurso del PP ni ha resuelto todavía el fondo del asunto. La Sala mantiene abierta la pieza de medidas cautelares ordinarias y concede ahora al Gobierno un plazo de diez días para presentar sus alegaciones. Una vez recibidas, asegura que resolverá sin demora.
Calendario a favor de Moncloa
El calendario, no obstante, juega esta primera batalla a favor de Moncloa. Diez días desde este sábado conducen directamente hasta septiembre, precisamente la frontera que el PP pretendía evitar recurriendo a la excepcional vía de las cautelarísimas. El objetivo político era conseguir que los ministros rindieran cuentas mientras la crisis de Ceuta continuaba plenamente abierta y antes del comienzo del periodo ordinario de sesiones.
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El recurso llegó después de que José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles no acudieran a las comisiones del Senado en las que habían sido citados para explicar sus respectivas responsabilidades durante la crisis ceutí. El Gobierno ha optado por concentrar sus explicaciones en el Congreso, mientras el PP sostiene que el Ejecutivo no puede elegir ante qué Cámara acepta someterse al control parlamentario.
La primera urgencia judicial del PP, por tanto, ha pinchado. Pero queda por resolver una cuestión bastante más interesante que el calendario de agosto: hasta dónde puede llegar un Gobierno a la hora de decidir cuándo, cómo y ante cuál de las dos Cámaras acepta dar explicaciones. El Supremo todavía no ha contestado a eso. Sólo ha decidido que no tenía que hacerlo ahora.