La OIM que dirige la mujer del ministro Planas recibe 45,15 millones de Sánchez
María Jesús Herrera lleva quince años al frente de la misión española del organismo migratorio y aparece como firmante de convenios millonarios para reasentamientos, retornos voluntarios, integración social y control fronterizo

María Jesús Herrera, junto a Ángel Víctor Torres en 2024
La Organización Internacional para las Migraciones siempre encuentra abierta la caja del Gobierno. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, España ha regado con 45,15 millones de euros al organismo vinculado a Naciones Unidas cuya misión española dirige María Jesús Herrera Ceballos, esposa del ministro de Agricultura, Luis Planas.
La cifra, adelantada por OKdiario, reúne dos conceptos distintos. Por una parte están las cuotas que España paga como Estado miembro: 12,15 millones entre 2018 y agosto de 2026. Por otra, otros 33 millones para programas y actuaciones adicionales. El dinero no se entrega personalmente a Herrera, pero ella representa a la OIM en España y aparece como firmante en numerosos acuerdos publicados por el BOE.
Las aportaciones ordinarias fueron de 1,2 millones anuales entre 2018 y 2020; subieron a 1,4 millones desde 2021 hasta 2023 y alcanzaron los 1,45 millones a partir de 2024. Es decir, la relación no solo se ha mantenido durante los ocho años de Sánchez: se ha ido encareciendo.
La financiación no comenzó con Sánchez. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, y ya con Herrera al frente de la misión española, la OIM recibió alrededor de 6,8 millones de euros públicos. La diferencia está en la velocidad y en el incremento de las cantidades: según los recuentos publicados, la cifra superó después los 14 millones en los cuatro primeros años del Ejecutivo socialista y alcanza ahora los 45,15 millones sumando cuotas y programas hasta agosto de 2026.
Cuatro millones para 2026
El acuerdo firmado con el Ministerio de Inclusión para 2026 permite abrir la caja negra y comprobar en qué se emplea una parte de esas aportaciones. Son cuatro millones de euros: 1,9 para reasentamientos; 1,65 para retorno voluntario asistido y reintegración; y 450.000 euros para movilidad laboral e inclusión social.
Dentro de este último apartado aparecen 200.000 euros para DiásporaHUB, un proyecto sobre “contribuciones y nuevas narrativas de la diáspora”, y otros 250.000 para MigraTALENT II. El convenio establece además un cargo obligatorio del 7% por la operación de los proyectos. Herrera lo rubricó como jefa de misión y el documento incluye su correo para comunicar la transferencia.
No es el único acuerdo reciente. Una adenda publicada en el BOE elevó a 796.535 euros otra contribución del Ministerio del Interior: 346.535 euros para retornos voluntarios desde Marruecos y 450.000 para ayudar a las autoridades españolas a gestionar los flujos migratorios. El documento fue firmado por Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Herrera días antes de publicarse el 30 de julio, coincidiendo con la entrada masiva en Ceuta.

La adenda firmada por Marlaska y Herrera días antes de la invasión de Ceuta
La coincidencia temporal es llamativa, pero no convierte el acuerdo en una respuesta improvisada a aquella crisis: se trataba de una ampliación de proyectos anteriores. El BOE también admite que la financiación puede proceder total o parcialmente de fondos europeos. Conviene separar el dato del confeti.
Quince años en la misma silla
Herrera llegó a la jefatura de la misión española en mayo de 2011, durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su designación provocó entonces una protesta de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que denunció que la plaza, tradicionalmente ocupada por miembros de la carrera diplomática, no se había abierto a concurrencia.
Pese al enfado, permaneció durante los seis años y medio de Mariano Rajoy y continuó con Sánchez, que nombró ministro a su marido en 2018. Quince años después prepara su salida y será sustituida por Fernando Medina Donoso, antiguo responsable de la misión de la OIM en Colombia.
El escaparate político resulta difícil de disimular: 45 millones públicos, una misma responsable durante quince años y la firma de la mujer de un ministro al pie de los convenios. Todo puede ser legal. También merece ser contado.