Las 6 preguntas clave con las que Iustitia Europa acorrala al Gobierno sobre la identificación de los votantes y el censo exterior

La identificación de un votante mediante el teléfono móvil, los DNI expedidos desde consulados españoles, los certificados electrónicos para ciudadanos sin el documento de identidad en vigor o la depuración del censo de españoles residentes en el extranjero. Iustitia Europa ha puesto el foco sobre varios engranajes sensibles del sistema electoral y ha reclamado a la Junta Electoral Central (JEC) que los examine antes de que cualquier posible fallo termine trasladándose a las urnas.

El partido extraparlamentario ha presentado este jueves ante la JEC un escrito de 29 páginas y 15 peticiones concretas para solicitar actuaciones de supervisión e información sobre la identificación de electores, las altas consulares y la formación, actualización y control del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La formación pretende que la Junta recabe información de organismos como la Oficina del Censo Electoral, Interior, Exteriores, Policía o la Dirección General de Tráfico.

"Queremos que la Junta Electoral Central compruebe toda la cadena: cómo se acredita una identidad, cómo se produce una inscripción consular, cómo se llega al CERA, dónde queda adscrito el elector y qué controles existen. Pedimos documentos, datos y respuestas concretas", ha explicado el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

1. ¿Se podrá identificar al votante con el teléfono?

La primera de las cuestiones apunta directamente a MiDNI y MiDGT y a su utilización para acreditar la identidad de un ciudadano en unas elecciones. Iustitia Europa ha recordado que en 2023 la JEC admitió el permiso de conducir mostrado mediante MiDGT como medio de identificación del elector.

Sin embargo, según expone la formación, en marzo de 2026 la propia Junta suspendió la eficacia de varios acuerdos relacionados con MiDGT y MiDNI hasta que los mecanismos de verificación de identidad fueran suficientemente seguros. Ahora, Iustitia Europa ha reclamado conocer los antecedentes e informes técnicos y, sobre todo, qué controles serán necesarios para utilizar estos sistemas en los procesos electorales.

2. ¿Qué controles existen para los DNI expedidos en consulados?

El segundo interrogante mira fuera de España. La normativa aprobada en 2025 permite expedir DNI en determinadas embajadas y consulados, por lo que Iustitia Europa ha pedido saber en qué oficinas se encuentra ya implantado el sistema y cuántos documentos se han expedido por esta vía.

También ha solicitado conocer los medios técnicos y humanos disponibles, los protocolos empleados para identificar a los solicitantes y el acuerdo existente entre Interior y Exteriores para desarrollar este sistema. Además, quiere saber si esta posibilidad fue contemplada en el informe que Interior remitió a la JEC en septiembre de 2025 sobre identificación electoral.

3. ¿Cómo se acredita la identidad sin un DNI en vigor?

Otra de las preguntas afecta a los españoles residentes en el extranjero que carecen de DNI vigente. Iustitia Europa ha puesto el foco en la Autoridad de Certificación Consular prevista en el Real Decreto 991/2024, que contempla la expedición de certificados electrónicos cualificados para estos ciudadanos.

La formación ha reclamado conocer cómo se comprueba su identidad, qué documentos deben aportar, qué controles registrales o presenciales se realizan y cuántos certificados se han emitido. En definitiva, quiere que se aclare qué garantías se aplican antes de entregar un certificado electrónico cualificado a alguien que no dispone de DNI en vigor.

En este ámbito aparece también el Número de Identificación Consular Central (NICC). Iustitia Europa ha solicitado datos sobre cuántos NICC temporales y permanentes han sido asignados, las razones para conceder uno temporal, cuánto tiempo puede mantenerse en esa situación, cómo pasa a ser permanente y qué controles de identidad acompañan al proceso.

4. ¿Ha cumplido la Oficina del Censo Electoral lo ordenado por la JEC?

La cuarta cuestión lleva directamente al funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes. Iustitia Europa quiere conocer el grado de cumplimiento del Acuerdo 204/2026 y qué actuaciones ha llevado a cabo desde entonces la Oficina del Censo Electoral.

Entre las cuestiones planteadas está saber si se han elaborado el informe y la instrucción sobre la adscripción electoral de españoles residentes en el extranjero, uno de los asuntos que la formación considera necesario clarificar.

También ha pedido datos sobre quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022 y posteriormente fueron dados de alta en el CERA: cuántos se han incorporado, dónde han sido inscritos y qué criterio se ha empleado para asignarles municipio electoral cuando no existe una última residencia en España que determine directamente esa adscripción.

5. ¿Qué ocurre con la documentación devuelta por fallecimiento o destinatario desconocido?

La depuración del CERA constituye otro de los puntos centrales del escrito. Iustitia Europa ha preguntado qué sucede cuando la documentación electoral enviada al extranjero regresa porque el destinatario ha fallecido, la dirección no existe o es insuficiente o la persona figura como desconocida.

La formación quiere saber si estas incidencias quedan registradas y, especialmente, si posteriormente son utilizadas para revisar y depurar el censo. La cuestión enlaza con las peticiones de información sobre altas, bajas, posibles duplicidades y adscripciones incluidas en el documento presentado ante la JEC.

6. ¿Qué puede ocurrir si estos controles fallan en unas elecciones?

Esta última pregunta resume el motivo de la iniciativa. Iustitia Europa ha advertido de la posibilidad de que eventuales deficiencias en los controles puedan desembocar en errores, duplicidades o problemas de identificación, y por ello ha pedido a la JEC que intervenga de manera preventiva.

Entre sus 15 peticiones se encuentran abrir actuaciones, incorporar expedientes técnicos, solicitar información a los organismos competentes, comprobar el cumplimiento del Acuerdo 204/2026, conservar documentación relevante, actualizar los criterios sobre identificación electoral digital y dictar una resolución expresa y motivada.

El Supremo, el próximo 7 de septiembre

Esta nueva actuación se produce, además, mientras Iustitia Europa mantiene abierto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo 1013/2026, relacionado con actuaciones anteriores sobre el CERA y el Acuerdo 204/2026.

La Sección Cuarta ha señalado una vista oral y pública para el próximo 7 de septiembre, a las 10.00 horas, dentro de la pieza de medidas cautelares. Iustitia Europa ha subrayado que se trata de un procedimiento independiente de la nueva iniciativa presentada ante la Junta Electoral Central.

La formación ha defendido que su intención es conseguir que las incógnitas sean despejadas antes de que puedan convertirse en un problema durante unos comicios. "La confianza en unas elecciones empieza por saber quién vota, cómo se identifica y cómo se forma el censo", ha concluido Iustitia Europa en su comunicado.