Marlaska encabeza el varapalo al Gobierno por falta de Transparencia: las reclamaciones se disparan un 40,2%
Interior lidera los expedientes con 193 reclamaciones y 718 casos llegaron al Consejo por falta de respuesta de la Administración.
Fernando Grande-Marlaska,
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno registró 2.767 reclamaciones durante 2025, una cifra que supone un incremento del 40,2% respecto al año anterior, según recoge la memoria del organismo publicada este 31 de agosto en el Boletín Oficial del Estado.
Del total de reclamaciones presentadas, 1.778 correspondieron al ámbito estatal, mientras que 989 estuvieron dirigidas contra administraciones autonómicas y locales de las comunidades que tienen atribuida esta función al Consejo mediante convenio.
El incremento también se dejó notar dentro de la Administración General del Estado, donde las reclamaciones crecieron un 27,3% respecto al ejercicio anterior.
Interior encabeza los expedientes
Los ministerios concentraron una parte importante de las reclamaciones resueltas durante el año. De las 1.577 correspondientes al ámbito estatal, un total de 999 estaban dirigidas contra departamentos ministeriales.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, fue el que acumuló el mayor número, con 193 reclamaciones.
Por detrás se situaron el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con 94; Hacienda, con 83; y Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 72.
La memoria también refleja que, de las reclamaciones estatales admitidas a trámite, 976 fueron estimadas total o parcialmente, lo que representa el 65,9%.
De ellas, 434 fueron estimadas completamente, 119 de manera parcial y otras 393 por motivos formales.
718 reclamaciones tras el silencio de la Administración
Uno de los datos más destacados del informe afecta directamente a la falta de respuesta administrativa.
Según el Consejo de Transparencia, 718 reclamaciones estatales, el 45,5% del total resuelto, se presentaron después de que la Administración no hubiera contestado dentro del plazo legal a una solicitud de información.
En estos casos se produjo silencio administrativo, lo que obligó a los solicitantes a acudir al Consejo para reclamar el acceso a los datos requeridos.
El propio organismo recuerda en su memoria que las administraciones tienen la obligación de resolver expresamente las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo establecido.
Las reclamaciones estuvieron relacionadas con cuestiones como contratación pública, obras e infraestructuras, empleo público, expedientes administrativos y actuaciones de altos cargos.
También se solicitaron datos sobre agendas institucionales, viajes, gastos y actos oficiales, asuntos especialmente vinculados al control de la actividad de las administraciones.
La memoria señala además que entre quienes presentan reclamaciones existe un número significativo de periodistas, que recurren al Consejo cuando no obtienen respuesta o consideran insuficiente la información facilitada.
El aumento de expedientes se produjo, además, sin un incremento equivalente de los recursos del propio Consejo. El organismo advierte de que el crecimiento del 40,2% en las reclamaciones no estuvo acompañado por una ampliación de su dotación presupuestaria ni de sus medios personales.
Los datos dejan así a Interior como el ministerio con mayor número de reclamaciones y muestran que casi la mitad de los expedientes estatales resueltos llegaron al Consejo después de que la Administración no contestara en plazo.