El Supremo incorpora como demandados a Presidencia y al INE por la Ley de Nietos gracias a Iustitia Europa
La organización ha dado un nuevo paso en su batalla judicial para fiscalizar los efectos electorales de las nacionalizaciones vinculadas a la citada norma. El Ministerio de la Presidencia y el INE ya figuran como codemandados, junto a la Junta Electoral Central, en el procedimiento que llegará a una vista pública en el Tribunal Supremo el próximo 7 de septiembre.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La batalla judicial abierta por Iustitia Europa por los efectos electorales de la denominada Ley de Nietos da un nuevo salto en el Tribunal Supremo. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya están formalmente personados como partes codemandadas en el procedimiento impulsado por la formación que preside Luis María Pardo, ambos representados por la Abogacía del Estado.
El escenario queda así definido de cara a una fecha clave: Iustitia Europa tendrá enfrente a la Junta Electoral Central (JEC), Presidencia y el INE. El próximo 7 de septiembre, a las 10.00 horas, la Sección Cuarta del Supremo celebrará una vista oral y pública para abordar las medidas cautelares solicitadas por el partido. El propio tribunal justificó la celebración de esa vista por “la relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas que han sido planteadas”.
El fondo de la batalla está en las consecuencias electorales de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, conocida como Ley de Nietos, y concretamente en cómo se incorporan esos nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Iustitia Europa abrió la batalla ante la JEC
El pasado 29 de junio Iustitia Europa formalizó ante la Junta Electoral Central una denuncia y una solicitud de actuación urgente por la incorporación de nuevos electores al CERA como consecuencia de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de esta normativa. La formación puso desde entonces el foco sobre una cuestión que considera fundamental: cómo llegan esos nuevos ciudadanos al censo, qué documentación se utiliza para acreditar su identidad y con qué criterios se les adscribe a una provincia concreta.
Este último punto resulta especialmente relevante porque en España la provincia funciona como circunscripción electoral para las elecciones al Congreso y es sobre esa base territorial sobre la que se distribuyen los escaños. “El censo no puede ser una caja negra”, ha advertido Pardo. Iustitia Europa reclama poder conocer qué expediente sustenta cada alta, en qué consulado se ha tramitado, en qué fecha y por qué cada nuevo elector residente en el extranjero termina adscrito electoralmente a una provincia determinada.
Presidencia y el INE entran como codemandados
La novedad ahora es la incorporación formal al procedimiento del Ministerio de la Presidencia y del INE, que se han personado como partes codemandadas y estarán representados por la Abogacía del Estado. La presencia del INE tiene especial importancia en las reclamaciones planteadas por Iustitia Europa porque de su estructura forma parte la Oficina del Censo Electoral, directamente relacionada con la formación y actualización del censo.
La organización quiere que pueda reconstruirse toda la cadena seguida por los nuevos electores: cómo se acredita su identidad, cómo se realiza la inscripción consular, cómo se produce su incorporación al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y posteriormente al CERA, y qué municipio y circunscripción electoral termina asignándose a cada persona.
Entre sus peticiones figura conocer cuántas personas que adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley 20/2022 han causado posteriormente alta en el CERA, dónde han sido inscritas y qué criterios se han utilizado para determinar su municipio electoral.
Iustitia Europa sostiene que reconocer los derechos derivados de la Ley de Nietos es plenamente compatible con garantizar que las posteriores incorporaciones al censo sean legales, identificables, verificables, trazables y auditables. La formación defiende que corresponde a la Administración Electoral garantizar la transparencia, objetividad e igualdad del proceso y fiscalizar tanto las altas como su adscripción provincial.
“Los efectos electorales existen”
Pardo ha asegurado que su partido acudirá al Supremo dispuesto a acreditar las consecuencias electorales de estas incorporaciones. “Los efectos electorales existen y los vamos a acreditar. Fuimos los primeros en detectarlos, los primeros en denunciarlos y los primeros en impugnar el Acuerdo 204/2026 ante el Tribunal Supremo”, ha dicho.
El presidente de Iustitia Europa ha explicado que la cuestión central no es únicamente la adquisición de la nacionalidad, sino lo que sucede posteriormente con esos nuevos españoles a efectos electorales: “Estamos exigiendo saber qué ocurre después: cómo se incorpora cada nuevo elector al CERA, cómo se identifica, a qué circunscripción se adscribe, con qué documentación y bajo qué controles”.
La cita del 7 de septiembre llevará así ante el Supremo una batalla iniciada hace más de dos meses ante la Junta Electoral Central y que ahora incorpora formalmente al Gobierno y al INE. Iustitia Europa buscará que la Justicia obligue a despejar las incógnitas que denuncia sobre la trazabilidad de estas altas y su distribución territorial dentro del censo electoral español.