El Supremo mueve ficha con la ley de nietos y abre la vía para poder paralizarla de urgencia tras el recurso de Iustitia Europa

La ofensiva judicial de Iustitia Europa contra la conocida como ley de nietos ha dado un nuevo paso favorable a la organización que encabeza Luis María Pardo. El Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que remita toda la documentación relacionada con el expediente recurrido, después de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la organización.

La resolución supone un avance procesal en una causa con una importante carga política y electoral. Iustitia Europa sostiene desde hace meses que la incorporación masiva de nuevos nacionalizados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) exige un mayor control y una total transparencia sobre los criterios utilizados para asignar a estos votantes a una provincia concreta, ya que ese reparto puede tener consecuencias directas en la distribución de escaños en unas elecciones generales.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso ESdiario, el Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central que remita el expediente administrativo correspondiente en un plazo improrrogable de 20 días. Al mismo tiempo, el alto tribunal ha dado por recibido el recurso presentado por Iustitia Europa contra el acuerdo adoptado por la JEC.

El Supremo estudiará también las medidas cautelares

La actuación del Supremo no se limita al recurso principal. En una segunda diligencia, el tribunal ha acordado abrir una pieza separada para analizar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa. La organización había pedido la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA derivado de las altas producidas al amparo de la ley de nietos mientras se resuelve el procedimiento judicial. El Supremo estudiará ahora esa petición de forma independiente.

La Junta Electoral Central rechazó en su momento paralizar ese procedimiento. No obstante, sí acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la ley de nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Además, la propia JEC ha señalado que la asignación del municipio electoral a estos nuevos electores deberá estar suficientemente motivada cuando no coincida con el último domicilio que conste en España.

Iustitia Europa reclama una auditoría completa del censo

La formación considera que esas medidas son insuficientes. Según ha explicado en un comunicado, sigue sin existir información pública sobre aspectos esenciales del proceso. Entre otras cuestiones, asegura que no se conoce el número exacto de altas en el CERA procedentes de expedientes de nacionalidad vinculados a la ley de nietos, ni su distribución por provincias, ni la oficina consular desde la que se tramitaron, ni la documentación utilizada para justificar cada incorporación al censo.

A juicio de Iustitia Europa, la propia Junta Electoral Central ha reconocido que la información facilitada por la Oficina del Censo Electoral resultaba insuficiente, aunque finalmente optó por no ordenar las actuaciones de inspección, revisión, auditoría y control que la organización había solicitado.

La JEC justificó su negativa recordando que la Constitución garantiza el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero y defendió que la administración electoral no puede sustituir la voluntad del legislador mientras la normativa permanezca vigente. En consecuencia, rechazó suspender el procedimiento de elaboración del censo.

Pese a ello, el recurso continúa su recorrido en el Tribunal Supremo. Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, el objetivo pasa por garantizar la máxima transparencia en un elemento tan sensible como el censo electoral. "El censo electoral no puede ser una caja negra. Quién vota, dónde vota y con qué respaldo jurídico y documental no puede quedar fuera del control público y judicial", ha dicho.