Albares engorda el presupuesto de la AECID hasta 1.240 millones tras años bajo la lupa de Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas

El Gobierno ha aprobado una nueva hoja de ruta para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares, que contempla un fuerte incremento de sus recursos durante los próximos años. El nuevo Contrato de Gestión para el periodo 2026-2029, publicado este 2 de septiembre, fija una previsión presupuestaria que parte de los 704,4 millones de euros de 2026 y alcanza los 1.240,7 millones en 2029, lo que supone un aumento de más de 536 millones de euros en apenas tres ejercicios.

La senda presupuestaria diseñada por el Ejecutivo prevé que la AECID pase de los 704.422.550 euros de este año a 946.551.050 euros en 2027. Un año después, el presupuesto previsto asciende a 1.069.602.690 euros y culmina en 2029 con 1.240.739.110 euros. En términos porcentuales, el incremento entre el inicio y el final del periodo ronda el 76%, aunque el propio documento precisa que se trata de previsiones estimativas y que las cantidades definitivas dependerán de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

El mayor crecimiento se concentra en las transferencias corrientes, una de las partidas fundamentales para financiar las actuaciones de cooperación internacional, acción humanitaria y programas gestionados por la Agencia. Este capítulo parte de 557,9 millones de euros en 2026 y está previsto que alcance los 790,1 millones en 2027, los 892,8 millones en 2028 y finalmente los 1.035,7 millones en 2029. Solo esta partida crecería, por tanto, en cerca de 478 millones de euros durante la vigencia del nuevo contrato de gestión.

El incremento también se extiende al funcionamiento interno de la Agencia. Los gastos de personal pasarían de 51,3 millones de euros en 2026 a 77,6 millones en 2029, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios crecerían de 42,6 a 65,5 millones. Las inversiones reales también aumentarían de forma notable, desde algo más de 7 millones de euros hasta superar los 15 millones al final del periodo.

El Gobierno vincula este crecimiento a su estrategia de reforzar el peso de la cooperación internacional española y al objetivo de avanzar hacia el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030. La propia AECID reconoce en el documento que su presupuesto ya había experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, al pasar de alrededor de 360 millones de euros en 2021 a superar los 700 millones en 2023.

El nuevo contrato plantea ahora ir mucho más allá. Uno de los objetivos fijados para 2029 es que la AECID llegue a gestionar aproximadamente una cuarta parte de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo española, frente al entorno del 15% actual y al 9% que administraba en 2021. Eso significa que la Agencia no solo manejará más dinero, sino que tendrá un peso mucho mayor dentro de la política exterior de cooperación del Estado.

A esos recursos nacionales se sumarán además los fondos procedentes de la cooperación delegada de la Unión Europea. El documento calcula 75,7 millones de euros para 2026, 79,5 millones para 2027, 83,5 millones para 2028 y 87,7 millones para 2029, cantidades que dependerán de los acuerdos que se vayan suscribiendo con las instituciones comunitarias y de los correspondientes calendarios de desembolso.

La ampliación económica irá acompañada de una transformación organizativa. La AECID prevé reforzar su plantilla, aumentar su capacidad de gestión, reorganizar parte de su estructura exterior y ampliar su presencia internacional. Entre las actuaciones contempladas figura la puesta en marcha de una Oficina de Cooperación Española en Túnez y los trabajos preparatorios para la construcción de un nuevo Centro Cultural de España en Colombia. El contrato también plantea ampliar los compromisos plurianuales dentro del presupuesto multilateral de la Agencia, con el objetivo de que pasen del 70% actual al 80% en 2029.

Una agencia que ya pasó por la lupa de Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas

El importante aumento de recursos previsto para los próximos años llega después de que la AECID haya sido objeto de investigaciones y fiscalizaciones relacionadas con la gestión de fondos públicos y la contratación. En julio de 2020, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid contra 15 investigados y siete personas jurídicas como responsables civiles subsidiarias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

La causa estaba relacionada con procedimientos para contratar servicios informáticos de gestión de la AECID basados en la herramienta SAP. Según recogió posteriormente la propia Fiscalía en su memoria, las actuaciones investigadas habrían estado orientadas presuntamente a favorecer la contratación de determinados operadores en procedimientos vinculados a la Agencia y a otros organismos públicos.

La AECID también ha pasado por el examen del Tribunal de Cuentas. En sus fiscalizaciones sobre subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia, el órgano fiscalizador detectó deficiencias en la justificación y el control de determinadas ayudas, entre ellas expedientes con documentación incompleta, gastos cuya condición de subvencionables presentaba problemas y carencias en algunos procesos de seguimiento económico.

El Tribunal llegó a señalar en uno de sus informes que, históricamente, la prioridad de la Agencia había estado muy centrada en la ejecución presupuestaria y la concesión de subvenciones, mientras que el control posterior de las justificaciones y de los reintegros había tenido un peso menor. Precisamente por ello, el nuevo contrato de gestión incorpora entre sus objetivos el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control.

La AECID de Albares afronta así una etapa de expansión especialmente relevante. Si las previsiones presupuestarias se cumplen, la Agencia pasará de gestionar algo más de 704 millones de euros a superar los 1.240 millones anuales en 2029, al mismo tiempo que aumenta su peso dentro de la cooperación española y amplía su estructura exterior. Todo ello después de varios años en los que su gestión ha estado bajo el escrutinio de Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas.