Indra sacude su estructura en plena lluvia de contratos de Defensa: revoca poderes con la SEPI como primer accionista
Ángel de Álvaro Montero deja de figurar como apoderado de la tecnológica en un momento marcado por el fuerte crecimiento de sus contratos militares y el peso accionarial del Estado
Indra y la SEPI, en una imagen ligada al negocio de Defensa.
Indra Sistemas ha registrado un nuevo movimiento interno en un momento especialmente relevante para la compañía por el crecimiento de su actividad vinculada a Defensa. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicado este 2 de septiembre recoge la revocación de Ángel de Álvaro Montero como apoderado de la tecnológica.
El acuerdo había sido inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el pasado 26 de agosto y ahora queda oficialmente publicado. La información registral confirma la revocación, aunque no detalla los motivos de la decisión ni especifica si el cambio forma parte de una reorganización más amplia dentro de la compañía.
El movimiento se produce en una empresa en la que el Estado mantiene una posición especialmente relevante. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, posee el 27,99% del capital de Indra y es actualmente su principal accionista.
La presencia pública ha adquirido todavía más importancia a medida que Indra ha reforzado su posición dentro de la industria española de Defensa. La tecnológica participa en algunos de los principales programas militares impulsados por el Gobierno y se ha convertido en una de las compañías llamadas a desempeñar un papel central en el aumento de las capacidades defensivas españolas.
Entre los contratos más destacados figura el programa para el suministro de sistemas de artillería autopropulsada sobre ruedas adjudicado por el Ministerio de Defensa a la unión temporal formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering.
La documentación oficial de contratación sitúa el valor estimado del proyecto en más de 2.219 millones de euros, mientras que el presupuesto con impuestos supera los 2.686 millones. Su ejecución está prevista hasta 2034, convirtiéndolo en uno de los grandes programas militares actualmente en marcha.
Defensa justificó además la adjudicación señalando que la unión temporal formada por ambas compañías era la única opción con capacidad técnica suficiente para desarrollar el proyecto, según consta en la documentación del procedimiento.
Este contrato se enmarca en una etapa de crecimiento acelerado de la actividad militar de Indra, coincidiendo con el incremento del gasto en Defensa y con la estrategia del Gobierno de reforzar la industria nacional en sectores considerados estratégicos.
La propia SEPI ha venido destacando el peso creciente de sus participaciones en compañías relacionadas con Defensa, telecomunicaciones, energía e industria. Indra ocupa una posición especialmente relevante dentro de esa cartera, no solo por la participación directa del Estado, sino también por el volumen de contratos públicos y programas estratégicos en los que participa.
Lo que sí constata oficialmente este 2 de septiembre es un nuevo cambio en la estructura de poderes de una empresa que atraviesa una de las etapas de mayor expansión de su negocio de Defensa, con contratos por miles de millones de euros y con el Estado situado como su principal accionista a través de la SEPI.