El Gobierno usa la Fiscalía para controlar la causa de la invasión de Ceuta: cambian al fiscal por un afín

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido cambiar al fiscal encargado de investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 y 31 de julio. El fiscal jefe, Jesús Alonso, ha asumido personalmente las diligencias y aparta así del procedimiento a José Perals, que hasta ahora llevaba el asunto y había mantenido una posición favorable a que la Audiencia Nacional examinara los hechos y abriera una investigación.

La Fiscalía justifica el relevo por la “singularidad y trascendencia” del caso y asegura que Jesús Alonso asume las diligencias “en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”. Un argumento formal que llega, sin embargo, en un momento especialmente sensible: la jueza María Tardón todavía tiene que decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos denunciados por Iustitia Europa. El movimiento coloca ahora en manos del máximo responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la posición que el Ministerio Público trasladará a la magistrada.

El relevo resulta especialmente relevante por la posición que había mantenido hasta ahora José Perals. El pasado 20 de agosto, el fiscal compartió con la magistrada María Tardón la posibilidad de examinar los hechos desde una perspectiva que iba mucho más allá de una simple entrada irregular de inmigrantes. La denuncia presentada por Iustitia Europa apunta a posibles delitos contra la seguridad del Estado. En este contexto, la magistrada y el fiscal habían contemplado que la entrada pudiera ser analizada como una operación organizada en la que se habría utilizado a una masa de personas para penetrar en territorio español.

Además, el procedimiento de Ceuta incorpora un elemento especialmente grave: entre las personas que protagonizaron la entrada había individuos vulnerables y la operación terminó dejando numerosas víctimas mortales por ahogamiento. La investigación se encuentra todavía en una fase preliminar y la jueza María Tardón ha reclamado información a distintos organismos para determinar qué ocurrió realmente y, especialmente, si existió una actuación organizada desde Marruecos.

Uno de los elementos que deberá esclarecer la investigación es precisamente el papel desempeñado por las autoridades marroquíes. Según los informes policiales a los que se hace referencia en las diligencias, agentes de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos habrían colaborado y facilitado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Se trata de una cuestión especialmente delicada para el Gobierno de Pedro Sánchez, que durante toda la crisis ha defendido la colaboración de Marruecos y ha evitado responsabilizar públicamente al régimen de Mohamed VI de la entrada masiva.

La causa judicial podría obligar ahora a determinar qué ocurrió en la frontera, qué información manejaban las autoridades españolas y si existió algún tipo de organización o colaboración desde el otro lado de la frontera de Marruecos. Y es precisamente cuando esas preguntas empiezan a llegar a los tribunales cuando se produce el relevo del fiscal.

La decisión del relevo del fiscal la decisión llega justo cuando la investigación puede adentrarse en uno de los episodios más comprometidos para el Gobierno de Sánchez: determinar si la entrada masiva en Ceuta fue únicamente una avalancha migratoria o si detrás existió una operación organizada. La cuestión de fondo queda ahora sobre la mesa: ¿por qué sustituir precisamente ahora al fiscal que llevaba el procedimiento, cuando la jueza está a punto de decidir si la Audiencia Nacional abre una investigación de mayor alcance? La Fiscalía tiene una explicación oficial: la trascendencia del caso. Pero el relevo, por su momento y por el cambio de manos que implica, añade un nuevo capítulo a una causa que amenaza con poner bajo el foco no solo lo ocurrido en la frontera, sino también qué supieron las instituciones españolas, cuándo lo supieron y cómo actuaron ante ello.