Peramato se va a Bruselas a ‘chivarse’ del Supremo por la condena a García Ortiz: los fiscales le paran los pies

Teresa Peramato ha llevado a Bruselas el caso de su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Una maniobra que no ha sentado bien entre sus propios compañeros de carrera fiscal. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo Fiscal, ha reclamado públicamente explicaciones a la fiscal general del Estado por el contenido y el alcance de la comunicación remitida a la Comisión Europea.

La polémica nace de la respuesta enviada por la Fiscalía General del Estado a una consulta de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del Estado de Derecho y de las instituciones españolas. En ese documento, la Fiscalía trasladó referencias a "irregularidades" en el procedimiento seguido contra García Ortiz y a una percepción de posible falta de independencia del Tribunal Supremo.

Cabe recordar que García Ortiz fue fiscal general del Estado antes de Peramato y fue condenado por el Supremo por un delito de revelación de secretos por el que tuvo que abandonar el cargo. Ahora, meses después de aquella sentencia, la actual Fiscalía General ha trasladado a Bruselas sus objeciones sobre el procedimiento seguido contra él. Y es precisamente ahí donde la Asociación de Fiscales pone el límite.

La AF no cuestiona que la Fiscalía pueda colaborar con las instituciones europeas cuando estas soliciten información sobre la Justicia española, el Estado de Derecho o la independencia judicial. Lo que considera problemático es que esa colaboración pueda utilizarse para cuestionar ante Bruselas la actuación o la independencia de otro órgano constitucional en un caso concreto.

La asociación reclama por ello que Peramato confirme cuál fue exactamente el contenido de la comunicación enviada a la Comisión Europea, cuál era su alcance y si en ella se cuestionó la actuación o independencia de otro órgano nacional.

También quiere saber si las consideraciones incluidas en la respuesta constituyen una posición institucional de la Fiscalía General del Estado y si fueron conocidas o sometidas a consideración de los órganos colegiados de la institución que pudieran verse concernidos.

Para la Asociación de Fiscales, las discrepancias entre instituciones españolas deben resolverse dentro del ordenamiento constitucional y en el ámbito judicial, no convirtiendo a una institución política europea en destinataria de una controversia institucional concreta.

La organización considera que la Fiscalía debe proporcionar a Bruselas información objetiva y jurídicamente fundada sobre el funcionamiento de la Justicia española, pero no utilizar esa interlocución para exteriorizar una discrepancia institucional ni para propiciar, siquiera indirectamente, un pronunciamiento político europeo sobre la actuación de un órgano jurisdiccional nacional.