Un diario afín al Rey de Marruecos se mofa de Sánchez y de la "cacofonía" de España en Ceuta: "Es imposible saber cuál es su posición"
Le360 destaca las contradicciones entre la investigación judicial que apunta a una "facilitación clara" desde territorio marroquí y las declaraciones del Gobierno que niegan pruebas y reafirman la asociación con Rabat
El rey de Marruecos, Mohamed VI, y el príncipe heredero, Mulay Hasán
Un medio marroquí próximo al entorno del rey Mohamed VI ha puesto el foco en lo que considera el desconcierto institucional de España a la hora de gestionar la crisis migratoria de Ceuta. El diario digital Le360 titula en portada que, "entre una investigación judicial y un nuevo espaldarazo a Marruecos, España se pierde en su propia cacofonía".
Según el artículo, publicado este lunes, el relato oficial español se ha vuelto cada vez más confuso. "Entre avisos que existieron, pero no anticiparon nada, informes que apuntan sin identificar autores, filtraciones desmentidas y versiones enfrentadas dentro del propio Ejecutivo (...) ya resulta imposible saber cuál es la posición de España", sostiene el texto.
El contraste que subraya el medio es reciente. El mismo día en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmaba su confianza en Marruecos y negaba la existencia de pruebas de implicación de Rabat, la Audiencia Nacional anunciaba la apertura formal de una investigación. La jueza María Tardón ha declarado la competencia del órgano y ha hablado de una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos".
La magistrada se apoya, entre otros elementos, en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Ese documento sostiene que la entrada de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio no fue "accidental, ocasional o espontánea" y describe una actitud de "permisividad" de agentes uniformados marroquíes, e incluso, en algunos casos, un "acompañamiento activo" o indicaciones para cruzar.
Sin embargo, el propio informe, según las precisiones posteriores, no identifica a esos agentes, no determina la identidad de personas de paisano visibles en las imágenes y no aporta una cadena de mando que conduzca a una orden de las autoridades marroquíes. Abrir diligencias no equivale a establecer responsabilidad penal, pero esa distinción se ha diluido en el debate político y mediático español, según el análisis marroquí.
La confusión se agravó a principios de septiembre. Un medio español publicó extractos del informe policial que fueron interpretados como una atribución directa de planificación a las fuerzas de seguridad marroquíes. Horas después, el director general de la Policía, Francisco Pardo, indicó al ministro que ningún informe atribuía a esas fuerzas la planificación o ejecución de los hechos. El documento pasó, en cuestión de horas, de presentarse como prueba de una operación dirigida a un texto que, según la cúpula policial, no formulaba esa acusación.
A ello se suma el informe de la Guardia Civil, más breve, que reconoce comunicaciones previas sobre concentraciones cerca de la frontera pero asegura que ninguna anticipaba "la naturaleza ni la magnitud" de lo ocurrido. Algunas informaciones posteriores han apuntado a posibles referencias a Marruecos que habrían sido eliminadas; el ministro Marlaska ha calificado esas versiones de rumores sin fundamento.
El resultado, según Le360, es un Ejecutivo que sopla y sorbe al mismo tiempo: apunta a comportamientos observados en el lado marroquí de la frontera mientras insiste en que no hay indicios objetivos de organización estatal y mantiene el discurso de asociación estratégica con Rabat. Desde el otro lado del Estrecho, esa sucesión de alertas que no alertaron, informes que señalan sin nombrar, desmentidos y versiones cruzadas se lee como una pérdida de claridad sobre cuál es, realmente, la posición de España.
