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Peinado deja a Begoña Gómez a un paso del banquillo antes de su jubilación: el momento más temido por el 'sanchismo' se acerca

La esposa de Pedro Sánchez ha afrontado el último trámite previsto antes de que el juez Juan Carlos Peinado decida si abre juicio oral por presunto tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía y las defensas han reclamado el archivo, mientras las acusaciones populares sostienen que existen indicios suficientes para sentarla ante un jurado popular.

Pedro Sánchez junto a su mujer Begoña Gómez

Pedro Sánchez junto a su mujer Begoña GómezEuropaPress

Alejandro Ibáñez
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Begoña Gómez se queda a la espera de una decisión que puede colocarla definitivamente ante un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado ha celebrado este martes la audiencia preliminar de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, el último trámite previsto antes de resolver si abre juicio oral por los presuntos delitos que continúan vivos en el procedimiento.

La vista apenas ha durado media hora y ha vuelto a dejar frente a frente las posiciones mantenidas durante la causa. La Fiscalía y las defensas han solicitado el archivo, mientras que la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, ha defendido que existen indicios "sobradamente suficientes" para llevar a ambas al banquillo. La organización pide 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. La Universidad Complutense de Madrid, considerada perjudicada en el procedimiento y que reclama ser indemnizada, también ha mantenido ante Peinado su postura.

Peinado quiere resolver antes de jubilarse

El calendario añade además un elemento decisivo a las próximas semanas. Peinado se marcha de vacaciones este mes de septiembre y cumplirá 72 años el próximo día 27, fecha límite para su jubilación. Según fuentes jurídicas, el magistrado tiene previsto dictar antes de entonces la apertura de juicio oral. Si finalmente lo hace, deberá elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de fijar la fecha del juicio. El señalamiento suele producirse entre cuatro y ocho meses después de que el asunto recaiga en la sección correspondiente.

El escenario de un juicio con jurado popular cuenta ya con el aval de la Audiencia Provincial. El tribunal respaldó el pasado mes de julio la propuesta de Peinado de utilizar este procedimiento para juzgar los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia, sin embargo, archivó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también había apreciado el instructor.

Las defensas vuelven a pedir el archivo

La audiencia ha comenzado con retraso después de que Jaime Campaner, abogado de Begoña Gómez, lo solicitara. El letrado ha reclamado el archivo de la causa apoyándose en resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial. La defensa de Cristina Álvarez ha seguido una línea similar y el fiscal se ha ratificado, mediante una intervención muy breve, en los escritos en los que ya había solicitado poner fin al procedimiento.

Esta vez las acusaciones populares no han solicitado medidas cautelares contra Gómez ni contra Álvarez. La situación es diferente a la vivida en la anterior audiencia preliminar, posteriormente anulada después de que la Audiencia Provincial ordenara retrotraer las actuaciones. Entonces Peinado llegó a retirarles el pasaporte, aunque la propia Audiencia revocó poco después la medida.

División entre las propias acusaciones

También se ha producido una discrepancia dentro del bloque acusador. Antes de comenzar la vista, el abogado de Manos Limpias, organización cuya denuncia dio origen a la causa, ha solicitado intervenir para explicar su desacuerdo con el resto de acusaciones populares. Su posición es que Cristina Álvarez es inocente y que el relato sostenido por las demás acusaciones presenta "vicios técnicos y fácticos" que podrían poner en riesgo el procedimiento. Peinado ha rechazado su petición, según han explicado fuentes jurídicas.

La celebración de la audiencia ha llegado además rodeada de las protestas de las defensas por la rapidez de la convocatoria. El juez la señaló con apenas un día de antelación y los abogados intentaron sin éxito que fuera suspendida. Campaner alegó inicialmente que tenía otro señalamiento en Barcelona, aunque, después de que este fuera suspendido, ha viajado a Madrid en el primer vuelo disponible.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, ha explicado que su clienta estaba de vacaciones y tenía posteriormente citas médicas en Miami. Aunque su presencia física en esta audiencia no era obligatoria, la asesora quería asistir "en ejercicio de sus derechos".

Superado este trámite, la pelota queda ahora en el tejado de Peinado. Begoña Gómez está acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que Cristina Álvarez lo está por este último delito. El instructor deberá decidir ahora si atiende las peticiones de archivo de las defensas y la Fiscalía o abre juicio oral y remite una causa que comenzó hace más de dos años a la Audiencia Provincial de Madrid para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular.

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