La lista de periodistas de Interior puede acabar con Marlaska imputado: denuncia por varios delitos

La polémica por el dosier o lista negra de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha dado un salto cualitativo: ha acabado en los tribunales. Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra quienes resulten responsables de la elaboración, tratamiento, almacenamiento y eventual utilización del documento denominado 'Tertulianos. Radio y Televisión', fechado en 2024 y encabezado por el Ministerio del Interior y su Oficina de Comunicación. La denuncia sostiene que el documento contiene fichas individualizadas de centenares de personas vinculadas a medios de comunicación, con fotografías, trayectoria profesional y, especialmente, valoraciones sobre su ideología, afinidad política y posición respecto al Gobierno.

El caso, por tanto, deja de ser únicamente una controversia sobre un documento interno de Interior. Ahora será un juez quien pueda determinar quién lo encargó, con qué finalidad se elaboró y si el tratamiento de los datos ideológicos de periodistas pudo vulnerar la ley y ser un delito. Según el escrito presentado por Iustitia Europa, las fichas de la lista negra de Marlaska no se limitan a recoger qué periodista trabaja en qué medio o qué programas realiza. Incluyen valoraciones sobre sus posiciones políticas. Así, el documento califica a algunas personas como “anti-sanchistas”, “extrema derecha”, “afín al PSOE”, “alineada con el PP”, “militante socialista” o “defensora de las políticas del Gobierno”. En otros casos recoge opiniones sobre la amnistía, Bildu, ETA, el independentismo, la inmigración o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La denuncia considera especialmente relevante que estas valoraciones aparezcan de manera sistemática y no como simples anotaciones aisladas.

El escrito judicial de Iustitia Europa repasa numerosos ejemplos del contenido del informe de la lista negra de periodistas de Marlaska. Antonio Caño aparece definido como “reconocido anti-sanchista”. Malena Contestí figura bajo la etiqueta “extrema derecha»” Eduardo Inda aparece descrito como de “ideología radical de derechas” y Carlos Cuesta recibe, al final de su ficha, la palabra “desinformación”. En el extremo contrario, el informe identifica a otros periodistas como personas de izquierdas, próximas al PSOE o defensoras de las posiciones del Gobierno. Incluso recoge valoraciones sobre la evolución de determinados profesionales, como la referida a Lucía Méndez: “Últimamente es más combativa”. Para Iustitia Europa, el problema está precisamente en que el documento no se limita a identificar profesionales de la comunicación, sino que construye perfiles políticos individualizados.

Aquí se encuentra uno de los puntos más delicados de la denuncia. Iustitia Europa solicita al juez que investigue si el documento del departamento de Marlaska fue utilizado exclusivamente como material interno o si sus clasificaciones pudieron influir en la relación del Ministerio con periodistas y medios: convocatorias, acreditaciones, suministro de información, acceso institucional, campañas de comunicación, publicidad institucional o cualquier otra decisión de la Oficina de Comunicación. La formación reclama que Interior identifique a la persona, órgano o unidad que ordenó elaborar el documento, quién impartió las instrucciones, quién confeccionó las fichas, quién las supervisó y quién tuvo acceso a las diferentes versiones. También pide que se entreguen correos electrónicos, comunicaciones internas, mensajes corporativos, convocatorias, actas y borradores relacionados con el encargo desde finales de 2023. Y sobre todo, la denuncia pretende responder a la pregunta que ahora sobrevuela todo el escándalo: ¿quién decidió que Interior necesitaba saber de qué lado político estaba cada periodista?

La denuncia solicita además que el ministerio de Marlaska conserve de forma inmediata toda la evidencia relacionada con el dosier: archivo original, versiones anteriores y posteriores, formatos editables, metadatos, fechas de creación y modificación, copias de seguridad, servidores, unidades compartidas y registros de acceso. También reclama conocer quién accedió al documento y si alguna de esas personas utilizó posteriormente la información en sus relaciones con periodistas o medios. La petición tiene especial importancia porque permitiría reconstruir la cadena completa de elaboración y utilización del documento.

La denuncia pone además el foco en la legislación de protección de datos. El escrito recuerda que las opiniones políticas están consideradas una categoría especialmente protegida de datos personales y que su tratamiento está sometido a condiciones específicas de licitud, finalidad y base jurídica. Iustitia Europa plantea asimismo la posible relevancia penal de los hechos de la lista negra de periodistas de Marlaska y cita los artículos 197 y 198 del Código Penal, relativos a determinadas conductas sobre datos personales y al supuesto de actuación de autoridades o funcionarios fuera de los casos permitidos por la ley y prevaliéndose del cargo. Pero será la investigación judicial, si se abre, la que tenga que determinar si existió delito, quién sería responsable y cuál fue exactamente la finalidad del fichero.