JUCIL planta cara a la cesión de espacios del Puerto de Tarragona a los Mossos y alerta del siguiente paso: Barcelona

JUCIL ha elevado el tono contra los movimientos para ceder espacios y dependencias del Puerto de Tarragona a los Mossos d’Esquadra. La asociación profesional de la Guardia Civil sostiene que la medida supondría instalar de forma permanente a la Policía Marítima autonómica dentro de un puerto de interés general del Estado y advierte de que Tarragona podría ser sólo el primer paso de un proceso que termine extendiéndose al Puerto de Barcelona.

Según expone la organización, la operación pretende habilitar dependencias dentro de la comisaría de la Policía Portuaria de Tarragona para los Mossos. JUCIL considera que esta iniciativa carece de la motivación jurídica necesaria y denuncia que podría acabar provocando un traspaso de competencias de facto en un espacio cuya titularidad y funciones están sometidas a regulación estatal.

La asociación pone además el foco en un antecedente de 2024. Ese año, según recoge la nota, la Abogacía del Estado emitió un informe desfavorable a la cesión de espacio en el mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente de la policía autonómica al considerar que no tenía competencias en un puerto de interés general.

JUCIL sostiene que, dos años después y tras cambios políticos tanto en la Generalitat como en la Autoridad Portuaria, se estaría intentando desbloquear ahora la instalación de la Policía Marítima de los Mossos mediante acuerdos informales, pese al criterio jurídico expresado anteriormente.

JUCIL avisa de que Barcelona puede ser el siguiente puerto

La organización considera que lo ocurrido en Tarragona no debe analizarse como un episodio aislado. En su comunicado vincula la operación a las concesiones políticas del Gobierno central a las fuerzas independentistas y advierte de que el siguiente objetivo sería reproducir el mismo modelo en el Puerto de Barcelona.

Para JUCIL, este proceso supondría reducir progresivamente la presencia y las competencias históricas de la Guardia Civil en los puertos catalanes, algo que la asociación enmarca en una estrategia más amplia de sustitución de funciones estatales por competencias autonómicas.

La asociación se apoya también en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Según recuerda, la ocupación del dominio público portuario por administraciones públicas debe responder a una necesidad funcional objetiva y directamente vinculada a la actividad portuaria, y no simplemente a razones de proximidad o conveniencia.

En estos momentos, el Puerto de Tarragona ya dispone de vigilancia de la Policía Portuaria y de una base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. JUCIL recuerda que el Instituto Armado mantiene atribuidas legalmente funciones relacionadas con la custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, además de competencias de Policía Judicial en el ámbito marítimo.

Exige los expedientes y la paralización de la cesión

JUCIL ha anunciado que pedirá oficialmente las actas y resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, así como los informes de la Abogacía del Estado, con el objetivo de esclarecer por qué se habría producido un cambio de criterio entre 2024 y 2026.

La directiva de la asociación resume su posición de forma contundente:

“Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona y el progresivo desmantelamiento del cuerpo en esta región”.

JUCIL reclama la “paralización inmediata” de cualquier cesión mientras no se demuestre que existe una base legal y funcional suficiente para ejecutar el proyecto.

La asociación asegura que mantendrá las acciones necesarias para impedir que el caso de Tarragona siente un precedente aplicable al resto de puertos estatales y para preservar el actual reparto de competencias entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad