Arranca el curso judicial: más presión a Sánchez por la 'ley de nietos', Ceuta, Zapatero, Begoña Gómez o el PSOE

Además de la polémica 'ley de nietos' y la investigación abierta por la invasión de Ceuta por parte de más de 80.000 inmigrantes ilegales, el arranque del curso judicial llega marcado por otras causas que cercan completamente a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano. 

La esposa de un presidente del Gobierno camina hacia un terreno inexplorado para un jefe del Ejecutivo. Tras la condena al hermano del líder socialista -David Sánchez Pérez-Castejón-, Begoña Gómez, será la siguiente en sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio contra sus intereses. Un hecho sin precedentes en las democracias de nuestro entorno. 

Del mismo modo, el horizonte penal del expresidente socialista más cercano a Pedro Sánchez también augura un final desagradable para José Luis Rodríguez Zapatero y su familia. Aún no ha sido capaz de dar una explicación por sus millonarias joyas y parece que a estas alturas ese se ha tornado ya en el menor de sus problemas. 

Por si fuera poco, la imputación del PSOE por la financiación irregular de sus cuentas ya se asume tanto en el Palacio de la Moncloa como en la sede nacional de la madrileña calle Ferraz. Tanto es así que el propio Pedro Sánchez ya no descarta que la causa judicial contra el Partido Socialista continúe escalando. "Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia porque, insisto, no hay financiación irregular dentro del PSOE".

Además, las sospechas de un posible 'pucherazo'

La justicia da la bienvenida este jueves a un nuevo curso que ha comenzado con las críticas del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelar la 'ley de nietos'. El posible 'pucherazo' electoral sobrevuela sobre esta polémica decisión del Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar. 

Desde el gabinete presidencial también se arremete con dureza ya hacia la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta por parte de más de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. La misma que también pone el foco judicial sobre Pedro Sánchez y sus responsabilidades legales como inquilino del Palacio de la Moncloa. 

El Rey Felipe VI presidirá el acto de apertura del año judicial desde las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Supremo, donde intervendrán la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Se trata del primer discurso de apertura de Peramato desde que asumiera el cargo el año pasado a raíz de la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo como responsable de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al acto está previsto que asistan vocales del CGPJ, integrantes de la Sala de Gobierno del Supremo y magistrados de este órgano judicial, además de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

Igualmente se prevé que acudan la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez y los suyos tienen prisa: hay elecciones pronto

El Supremo sirve de escenario como cada año a un acto que, en esta ocasión, tiene lugar apenas dos días después de que su Sala de lo Contencioso-Administrativo acordara paralizar temporalmente el voto para nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' y nuevas altas en el censo electoral mientras no resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados estimaron medidas cautelares solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa contra la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados la decisión. Los recurrentes celebraron la decisión de "suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones".

Nada más conocer la decisión, el Gobierno reaccionó señalando que no la comparte y que confía en "la imparcialidad de la justicia en el Estado de derecho", en palabras de su ministra portavoz, Elma Saiz.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene prisa. De ahí que haya urgido este miércoles al Supremo a pronunciarse pronto sobre la situación de los descendientes de exiliados que residen en el extranjero, para que "intente resolver cuanto antes" y especialmente "antes de las elecciones de 2027". 

Sánchez ha asegurado en esa misma entrevista que el Gobierno no está a favor de la resolución del Supremo, en línea con las declaraciones del ministro de Justicia, que antes ya había reclamado que resuelva "lo antes posible" el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada 'ley de nietos'.

"Respetuosamente", el ministro Bolaños pidió a los magistrados que den prioridad al asunto, al considerar que se trata de "lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto", y que para "privar" de ello a miles de ciudadanos tienen que conocerse "todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura", ya que por ahora el Supremo sólo ha dado a conocer la decisión.