Los guardias civiles reclaman una paga extra por los servicios lejos de casa ante unas dietas congeladas desde 2005

Desplazarse durante semanas o incluso meses para cubrir las necesidades del servicio se ha convertido en una situación habitual para muchos guardias civiles. Refuerzos, dispositivos especiales, operaciones o falta de efectivos obligan a numerosos agentes a trabajar temporalmente lejos de su residencia habitual. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera que ese esfuerzo adicional debería tener un reconocimiento económico específico.

La asociación profesional ha trasladado a la Dirección General de la Guardia Civil una propuesta para crear una productividad destinada a quienes deben asumir este tipo de desplazamientos. Su objetivo es poner en valor la elevada movilidad que exige el trabajo de los agentes y las circunstancias añadidas que supone permanecer durante largos periodos fuera del domicilio.

Desde IGC recuerdan que las características propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implican una movilidad territorial mucho mayor que la existente habitualmente en otros ámbitos de la función pública. Sin embargo, según la asociación, esa exigencia no dispone actualmente de un complemento específico que reconozca el esfuerzo que conlleva.

«El ejemplo lo tenemos a diario. Refuerzos de unidades, dispositivos extraordinarios, operaciones especiales, necesidades estacionales, cobertura temporal de carencias de personal o acontecimientos que requieren incrementar la presencia policial obligan constantemente a desplazar guardias civiles de un punto a otro del territorio», apuntan desde IGC.

La asociación subraya que esta capacidad para trasladar efectivos resulta fundamental para que la Guardia Civil pueda responder a las necesidades que surgen en distintos puntos del territorio. La cuestión, según plantean, no es poner en duda la movilidad inherente al puesto, sino compensar las consecuencias adicionales que esta genera para los profesionales.

IGC no cuestiona esa movilidad. Lo que plantea es que «una exigencia profesional de tal magnitud deje de carecer de un reconocimiento específico».

El coste de mantener dos hogares

Para IGC, el impacto de una comisión de servicio no se limita al importe que se percibe por el desplazamiento. Cuando la estancia fuera de la residencia habitual se prolonga, el agente debe continuar haciendo frente a los gastos de su domicilio mientras asume también los costes derivados de vivir temporalmente en otra localidad.

«Una comisión de servicio no supone únicamente viajar hasta otra localidad, alojarse y trabajar temporalmente en otra unidad. Cuando la comisión se prolonga durante semanas o meses, el guardia civil continúa manteniendo los gastos de su residencia habitual mientras debe afrontar los derivados de permanecer en otro lugar», añaden.

A estos gastos se suman los viajes necesarios para regresar periódicamente al domicilio familiar. La separación de la familia y la reorganización de las responsabilidades domésticas constituyen también una parte importante del impacto que, según la asociación, tienen estas situaciones.

En determinados casos, además, los agentes deben reorganizar el cuidado de hijos, personas mayores o familiares dependientes. Las dificultades aumentan cuando el desplazamiento se produce de manera obligatoria, tiene carácter urgente, implica recorrer una distancia considerable o se prolonga durante un periodo extenso.

«Todo ello se agrava cuando la comisión es forzosa, responde a una necesidad urgente de la Administración, se desarrolla a gran distancia o se prolonga durante un periodo considerable», explican desde IGC.

Unas dietas que, según IGC, se han quedado atrás

La reclamación de una productividad específica llega, además, acompañada de otra reivindicación: la actualización de las cantidades destinadas a cubrir los gastos de las comisiones de servicio.

La asociación denuncia que las indemnizaciones vigentes no se corresponden con los costes actuales. En el caso del Grupo 3, correspondiente a la escala de cabos y guardias, las cantidades establecidas para territorio nacional ascienden a 48,92 euros diarios por alojamiento y 28,21 euros por manutención, lo que supone 77,13 euros por una dieta completa.

Estas cuantías fueron fijadas en 2005 y, más de dos décadas después, continúan aplicándose a desplazamientos realizados en un contexto de precios muy diferente al de entonces.

IGC considera que existe una diferencia entre compensar los gastos ocasionados por un desplazamiento y reconocer el esfuerzo que implica para un agente permanecer temporalmente lejos de su hogar.

«La Administración necesita una Guardia Civil con una enorme capacidad de movilidad territorial, pero esa movilidad se afronta con unas indemnizaciones establecidas hace más de dos décadas y sin un reconocimiento específico del esfuerzo adicional que supone para el profesional».

IGC reclama diferenciar las dietas de la nueva productividad

La organización considera necesario actualizar las dietas, pero entiende que esa medida no resolvería por sí sola el problema. Las indemnizaciones por razón del servicio tienen como finalidad cubrir los gastos derivados del desplazamiento, mientras que la productividad que propone tendría otro objetivo: compensar las condiciones especiales en las que el agente desarrolla temporalmente su trabajo.

«Actualizar las dietas es necesario, pero no suficiente IGC considera fundamental diferenciar ambas cuestiones. Las indemnizaciones por razón del servicio están destinadas a compensar los gastos ocasionados por el desplazamiento».

Por este motivo, la asociación plantea que ambas cuestiones se aborden de manera diferenciada. Incluso con unas indemnizaciones adaptadas al coste de vida actual, sostienen que seguirían existiendo consecuencias personales, familiares y profesionales que no quedarían cubiertas.

La propuesta de IGC contempla así una productividad específica vinculada a las comisiones de servicio realizadas fuera de la residencia habitual.

«Contempla una productividad específica por comisión de servicio fuera de la residencia habitual, diferenciada de las indemnizaciones por razón del servicio porque responde a una finalidad distinta: reconocer las especiales condiciones en las que temporalmente se desarrolla la prestación profesional».

Duración, distancia y carácter de la comisión

La asociación plantea que esta productividad se determine atendiendo a criterios objetivos y que no dependa del empleo, la escala o la unidad a la que pertenezca el guardia civil.

Entre los factores que podrían tenerse en cuenta estarían el tiempo de duración de la comisión, los kilómetros existentes entre el destino temporal y la residencia habitual, las posibilidades reales de regresar al domicilio y el carácter voluntario, obligatorio o urgente del desplazamiento.

También se valorarían aquellas situaciones que impliquen una especial disponibilidad o un nivel de exigencia superior para el profesional.

El presidente de IGC, Daniel Fernández, resume la posición de la asociación señalando que «la movilidad forma parte de nuestro trabajo, pero eso no significa que no deba reconocerse».

La organización insiste en que su propuesta no pretende impedir ni cuestionar la utilización de las comisiones de servicio. Tampoco busca limitar la capacidad de la Guardia Civil para trasladar efectivos cuando las necesidades operativas lo requieran.

Fernández pone el foco en la frecuencia con la que los agentes tienen que asumir estos desplazamientos: «El ejemplo lo tenemos a diario. Cuando falta personal, hay que reforzar una unidad o surge una necesidad extraordinaria, los guardias civiles se desplazan allí donde se les necesita. Esa movilidad forma parte de nuestra profesión y es imprescindible para garantizar el servicio. Lo que no parece razonable es que una de las mayores exigencias de movilidad dentro de la Administración no tenga un reconocimiento específico y, además, siga afrontándose con dietas fijadas hace más de veinte años».

La petición ya está sobre la mesa de la Dirección General

IGC ha pedido formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil que analice la posibilidad de implantar esta modalidad de productividad, así como que establezca criterios claros para determinar tanto los agentes beneficiarios como las cantidades correspondientes.

La asociación también solicita estudiar cómo podría compatibilizarse esta nueva productividad con las indemnizaciones por razón del servicio y con otros conceptos retributivos, siempre que cada uno de ellos responda a una finalidad diferente.

La reivindicación pretende poner sobre la mesa una situación que, a juicio de IGC, forma parte del funcionamiento habitual de la Guardia Civil: la necesidad de disponer de agentes capaces de desplazarse allí donde el servicio los requiere.

«La Guardia Civil necesita movilidad para estar allí donde los ciudadanos la necesitan. Ha llegado el momento de que esa disponibilidad no solo se exija, sino que también se reconozca», concluyen desde IGC.